El Principado aplaude el paso de la UE para rebajar la protección del lobo que rechaza España

El Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ha mostrado su "satisfacción" por la decisión de la Unión Europea de dar los primeros pasos para rebajar el nivel de protección del lobo. El miércoles, una mayoría cualificada de países en la UE, a través de sus representaciones permanentes en Bruselas, votaron a favor de incluir en el orden del día de la próxima reunión del Comité Permanente del Convenio de Berna – relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa– una propuesta para cambiar el estatus del lobo de "estrictamente protegido" a "protegido". Pero tal decisión no contó con el voto favorable de España, ni tampoco el de Irlanda.

"Creo que es público la posición del Gobierno de Asturias en esta materia", expresó Marcos Líndez en referencia al choque entre el gobierno regional y el central, ambos de signo socialista, sobre la gestión del lobo. Marcelino Marcos recuerda que Asturias remitió al Ministerio de Transición Ecológica -contrario a rebajar la protección y, por tanto, que se puedan cazar ejemplares- datos "con rigor" de la situación del lobo en la comunidad autónoma que demuestran que el estado de la población ha mejorado. "Hemos también demostrado, junto con otras comunidades como Cantabria, Galicia y Castilla y León, nuestro posicionamiento, acudiendo a los tribunales para sacar el lobo del Listado de especies silvestres en régimen de protección (Lespre)".

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El responsable del Medio Rural en Asturias abundó en la buena noticia que ha llegado de Bruselas. "Es el inicio de un camino para buscar ese equilibrio entre el mantenimiento de la especie y el que se pueda desarrollar una actividad tan importante para nosotros como es la actividad agrícola y ganadera,  y sobre todo poder aplicar en todos sus términos nuestro plan de gestión del lobo".

Con todo, las organizaciones agrarias han recibido la decisión de la UE con cierto escepticimo, ya que es un paso muy inicial; además, de materializarse, los estados miembros no están obligados a aplicar las directivas. En caso de que saliera adelante, quedaría en manos del Gobierno de España modificar la directiva que regula actualmente al lobo en España y abrir la posibilidad de cazar ejemplares para contener la población, al alza en los últimos tiempos según los ganaderos asturianos, desesperados de unos años para acá por los continuos ataques al ganado sin posibilidad de hacer nada.