Entrevista | Antonio Abril Presidente de la Conferencia Española de Consejos Sociales de Universidades
"La dependencia económica universitaria de las comunidades autónomas no es deseable"
"En las instituciones académicas tendría que haber segregación de funciones: quien gestiona ingresos y gastos no debería fiscalizar esos ingresos y gastos"

Antonio Abril, presidente de la conferencia de Consejos Sociales de las universidades en España

El lucense Antonio Abril Abadín es presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS) –tanto públicas como privadas– y está al frente del órgano en la de La Coruña. Es, además, ovetense de adopción. En la capital asturiana vivió desde niño, en la Universidad de Oviedo se licenció en Derecho y en la ciudad contrajo matrimonio. Entre sus cargos figura haber sido "hombre fuerte" del dueño de Inditex, Amancio Ortega, para quien trabajó como alto directivo hasta 2021. Abril dedica todo su esfuerzo a defender el papel de los consejos sociales como órganos claves en la conexión de la universidad y la sociedad, y en su gobernanza, con todo lo que ello implica.
–¿Qué suponen o, más bien, qué deben suponer y para qué deben servir los consejos sociales de las universidades españolas?
–La ley de 1983 que los creó los define como "órganos insertos en la estructura universitaria para garantizar una participación en su gobierno de las diversas fuerzas sociales". El problema es que no hemos actuado en consecuencia y, aún hoy, incluso después de la nueva LOSU, no tenemos competencias de gobierno, de ahí que pueda decirse que la universidad pública española es, entre todas las de países comparables, la que tiene menor participación de la sociedad, que es la que la financia, en su gestión y su gobierno. Dicho esto, la ley los define como órganos de control y supervisión de la actividad económica y presupuestaria y del rendimiento de los servicios de la universidad, pero carecen de capacidades reales para el ejercicio de esas competencias.
–¿Por qué?
–Deberíamos de tener mucho más protagonismo en temas como la adaptación de los planes de estudio y titulaciones a las necesidades reales de las demandas de empleo y en la transferencia de resultados de la mucha y buena investigación universitaria al sector productivo para su conversión en desarrollo económico, riqueza y empleo. La nueva LOSU nos responsabiliza del "compliance" (cumplimiento) universitario al encargarnos de velar por la ética, la integridad académica y de las medidas antifraude.
–¿Cómo conectar la universidad con los empresarios?
–Este tema de la cooperación universidad–empresa, la llamada tercera misión universitaria, es una de las grandes asignaturas pendientes de la economía y de la sociedad española. Lo dice muy claramente la modificación de la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación: "Un reto no resuelto es el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados, de forma rápida y con capacidad de generar crecimiento empresarial". Esto pasa inevitablemente por los consejos sociales, porque en la universidad se hace entre el 60 y el 70% de la investigación pública española. Los consejos sociales somos universidad y en nuestros plenos están representadas todas las fuerzas sociales, entre ellas, los empresarios, los autónomos y los sindicatos.
–Queja habitual en Asturias son los desajustes entre formación y necesidades de las empresas.
–No solo en Asturias, sino en toda España. Producimos muchos egresados universitarios, pero el sector productivo no es capaz de generar puestos de trabajo de alta cualificación para emplearlos, lo que da lugar a paro, infraempleo y emigración de mucho talento universitario. Paradójicamente, esta situación coexiste con una brecha importante entre demanda y oferta de empleo. Hace falta actuar en una doble dirección: mejorar la transferencia de resultados al sector productivo para promover el desarrollo de capacidades de innovación, tecnología y colaboración en el sector empresarial, y aumentar la autonomía operativa de las universidades para que sean más rápidas y flexibles en adaptarse a este mundo extraordinariamente cambiante que nos ha tocado vivir. En ambas actuaciones, podemos orientar y hacer mucho los consejos sociales si se nos dan las capacidades y recursos necesarios.
–En Asturias, en el gobierno de la Universidad, hablan de competencias "redundantes" del consejo social, como por ejemplo, su control económico de la Universidad, que dicen que ya ejercen la intervención propia y la comunidad autónoma.
–Hay mucha confusión interesada en este tema por parte de quienes creen que la gobernanza de la universidad es un patrimonio exclusivo de quienes trabajan y estudian en ella. Los consejos sociales somos universidad y la ley nos encomienda su control y supervisión económico y presupuestario. Es, por lo tanto, un control interno. En algunas universidades, afortunadamente no es el caso de la de Oviedo, el control interno, es decir, el control de la intervención, no depende de los consejos sociales, sino del rector directamente o a través del gerente, por lo que no puede ejercerse adecuadamente.
–¿Cómo ha de ser?
–Es importante que exista una segregación de funciones, es decir, que quien gestiona los ingresos y los gastos no sea el mismo que controla el órgano encargado de fiscalizar la gestión de esos ingresos y gastos. Por ello, solicitamos a las leyes autonómicas de desarrollo de la LOSU que asignen la dependencia del control interno a los Consejos Sociales, lo que ya pasa en la Universidad de Oviedo. De este modo, se promueve la transparencia y la rendición de cuentas, y, por tanto, la buena imagen, la eficiencia y la excelencia de nuestras universidades. La comunidad autónoma es obviamente una institución externa y ejerce otro tipo de control. La intervención en un ayuntamiento ejerce control internamente y nadie piensa que hay duplicidad por el hecho de que exista un Tribunal de Cuentas externo.
Debería hacernos reflexionar el creciente atractivo de la FP, cuyos estudiantes se han duplicado
–¿Qué Universidad necesitamos en España?
–Tenemos una universidad muy meritoria porque en condiciones muy desfavorables ha conseguido hacer un sistema universitario compacto, con un alto nivel medio, que ha democratizado el acceso de nuestros estudiantes a la educación superior y hace posible que cualquier joven español pueda recibir una formación profesional adecuada para su incorporación al mercado de trabajo. Dicho esto, deberíamos ejercer más autocrítica para reconocer y tratar de corregir un mal endémico que, sin embargo, la reciente LOSU no ha querido abordar, y es el mal sistema de gobernanza que penaliza su mayor eficiencia y excelencia. No existe en el mundo un sistema universitario comparable de autogestión corporativa, con tan escasa participación de la sociedad.
–¿Algún modelo en qué mirarnos?
–Sin duda sí. En un informe realizado por la OCDE, en 2021, figura que "deberían emularse las reformas recientes abordadas en países europeos que han incrementado tanto los niveles de autonomía institucional como la rendición de cuentas y han dado voz de manera efectiva a actores externos en la planificación estratégica de la universidad". Hay reformas que, a diferencia de España, han hecho algunos países europeos para adaptar la gobernanza de sus universidades a las exigencias del siglo XXI como Austria, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Portugal...
–¿Nada de autogobierno universitario, pues?–
–A todos los que, en contra de informes de expertos todo tipo y la opinión de la ciencia, de Europa y de la OCDE, todavía reivindican el autogobierno universitario y la minimización de los consejos sociales, les recomiendo vivamente la lectura del informe de la OCDE y del P
lan de Transferencia y Colaboración: la ciencia y la innovación al servicio de la sociedad" de 2022. Dejan claro que no al autogobierno.
–Las universidades, ¿tienen poco recursos o están mal gestionados?–
–Hay un problema de déficit de financiación en España, en buena parte porque una sociedad a la que se viene excluyendo de una participación relevante en la gobernanza universitaria, nunca la ha priorizado en su gasto público. Y la universidad no ha valorado como objetivo prioritario la diversificación de sus fuentes de financiación.
–¿Es bueno que tengan tanta dependencia de los gobierno regionales en financiación?
–Lo sufre la Universidad Oviedo y la práctica totalidad del resto. No es deseable porque limita su capacidad de gestión del talento de sus personas, es decir, su autonomía operativa. Es un grave problema.
–¿Por qué surgen tantas universidades privadas en España? En Asturias, hay varios planes.
–El tema de la tremenda eclosión es probablemente el más significativo de los que singularizan a la universidad española. A comienzos de siglo había en España 17 universidades privadas. Hoy, ya son 44 y probablemente a finales de este curso académico habrá más que públicas. La Constitución reconoce la libertad de empresa y la libertad de creación de centros docentes, pero es evidente que no toda institución que transmite conocimientos puede llamarse universidad. Me parece claro que se deben establecer unos requisitos mínimos para que una institución se pueda llamar universidad.
–¿Límites en número?
–No podemos caer en el error de "defender a las universidades públicas" restringiendo en exceso e indebidamente las privadas. Si pusiéramos los medios para que las universidades públicas pudieran ser más excelentes, mejorando la capacidad de gestión del talento de sus personas y dotándolas de más financiación, su oferta académica sería más atractiva y las matriculaciones en las universidades privadas disminuirían.
–¿Tenemos demasiadas universidades en España?
–Estadísticamente no hay demasiadas universidades ni universitarios. Lo cierto es, ya lo hemos dicho, que nuestro tejido productivo no es capaz de emplearlos en condiciones. Ésta es una de las razones del atractivo de las universidades privadas: trabajan mucho más que las públicas la formación en capacidades y competencias profesionales, y la empleabilidad de sus egresados y esto, hoy día, es muy importante y motiva a pagar unos precios de matrícula muy superiores.
–La Formación Profesional da más garantías para encontrar trabajo.
–Debería hacernos reflexionar el creciente atractivo de los estudios superiores no universitarios, fundamentalmente, los Ciclos Formativos de Grado superior (CFGS), cuyos estudiantes se han más que duplicado, pasando de 185.000 a principios de siglo a más de 400.000.
–Se licenció de la Universidad de Oviedo. ¿Cómo la ve?
–¡Nunca sería objetivo respondiendo esta pregunta! Tengo un maravilloso recuerdo de mi paso. Nuestra promoción acaba de celebrar el 45.º aniversario, prácticamente nos licenciamos con la Constitución recién aprobada. Tiempos muy complejos donde, por cierto, la universidad fue motor del cambio de nuestra sociedad a la democracia. Esa misma sociedad, 45 años después, no está sabiendo darle a su universidad la excelencia que se merece.
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