Los "sonrojantes" datos de la dependencia en Asturias, según el PP: más de 1.300 muertos sin obtenerla

En una comunidad envejecida como es Asturias las medidas de apoyo a los mayores preocupan sobremanera y así se reflejó en la Junta General del Principado, en la comisión, este viernes por la mañana, para presentar los presupuestos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Los retrasos en Asturias para tramitar el reconocimiento de la dependencia centraron buena parte de las intervenciones de los partidos de la oposición, que pusieron sobre la mesa cifras «preocupantes» detrás de las cuales, advirtió la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, «hay personas, lo que nunca hay que olvidar». 

La diputada del PP Beatriz Polledo se refirió a ambas cosas, a personas y cifras. «En dependencia hay un dato que sonroja, pues fallecieron 1.344 personas en la lista espera sin poder ser atendidas. Lograr una ayuda a la dependencia en Asturias son de media 316 días de espera», espetó.

PP y Vox fueron –sobre todo el primero– los más críticos con el departamento que dirige Marta del Arco, quien junto a todos su equipo defendió unos presupuestos de 598.395.356 euros, un 9,81% más altos que los de este año, que permitirán «consolidar programas y servicios que han contribuido a mejorar la vida de las personas como impulsar otros nuevos, producto de las necesidades detectadas». Del Arco quiso resaltar, además, ante las críticas por el «caos» de su Consejería e «ineficaz gestión», que llega a fin de 2024 con un 91% de ejecución presupuestaria.

Entre las novedades para el próximo año está la reforma de la plantilla ante el aluvión de solicitudes para valorar la dependencia, asunto que centró el debate, por momentos de gran tensión en la comisión, lo que hizo emplearse a fondo a la presidenta, Sandra Camino (PP). La Consejería incorporará 16 nuevos trabajadores con el objetivo de reducir a seis meses el tiempo máximo del plazo de respuesta. De esto se felicitó Covadonga Tomé, quien pidió que tal aumento se refleje en la mejora de la lista de espera. Además, aseguró Marta Del Arco, la asignación para las prestaciones económicas a la dependencia sube un 7,5% y alcanza 61 millones para responder al incremento de personas beneficiarias, que a finales de 2025 llegarán a cerca de 19.000.

Según los datos que dio Paula Álvarez, directora general de Gestión, en la actualidad están abiertos 51.200 expedientes y son entre 800 y 1.000 las nuevas solicitudes al mes para tramitar y valorar la dependencia. «El plazo medio de resolución hasta que la persona está atendida son 11 meses. Ha subido porque han subido solicitudes, en un año un 7,7%», explicó.

Los datos no convencen al PP. La diputada Beatriz Polledo calificó los presupuestos de «teatro de cifras que exponen año a año, todo eso haya que ejecutarlo, hay inversiones que son autentica burla». Lamentó Polledo la radiografía social de Asturias, con un 25% de la población en riesgo de pobreza o más de 10.000 personas en espera por una plaza de residencia. «No sé por qué tengo que creerles un año más, siempre repetimos estos números, siempre comparecen para decir la solución a todo, pero año tras año sus problemas se cronifican», reseñó la diputada popular, quien llegó a pedir la dimisión de la Consejera por «mentir» y reompió un papel con el anexo de inversiones . «Meteré estos datos en un sobre y servirán igual el año que viene, un ejercicio de magia».

Del Arco tachó de «performance» la intervención de Polledo y, visiblemente molesta, se quejó de responder «a lo de siempre, dar tantas explicaciones es volver a repetirme. No es teatro de cifras, es el presupuesto de esta consejería. Respuestas concretas para reforzar servicios».

Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, habló de que creer en los presupuestos de Derechos Sociales es una «cuestión de fe» y pidió información acerca de qué ha cambiado y cómo se plasmarán las medidas anunciadas después de lo ocurrido en mayo, cuando se conocieron los casos de menores tuteladas prostituidas. «Cambió todo lo que fui diciendo y nos comprometimos», señaló Marta del Arco, que se refirió al «análisis permanente» de las situaciones, la disminución de ratios por cuidador, la incorporación de tres psicólogos y la puesta en marcha de un protocolo de detección del abuso, entre otras medidas.