El "limbo" de los educadores en las ofertas de empleo del Principado: el cambio que limita su acceso a plazas

El personal que desempeña las tareas de educadores de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar teme quedar en un limbo una vez que se realice el proceso de funcionarización, al exigirse la titulación de Educador Social, una formación que no se requería cuando accedieron a sus empleos. De forma unánime, todos los sindicatos del comité de empresa de la Consejería denunciaron este lunes que esta exigencia dejará sin acceso a un trabajo a las casi 600 personas que componen la lista de empleo y que ya trabajan en los centros de menores del Principado. "Se trata de personal con amplia experiencia y formación que les ha impartido la misma Administración para especializarlos, y ahora engrosarán las listas del paro", señalaron.

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La incorporación del requisito en la oferta pública de empleo (tras una modificación, ya que el requisito no estaba en la convocatoria original) deja fuera de un plumazo a los opositores que esperaban obtener una plaza. Cuando esta oferta fue convocada únicamente se pedía una titulación en grado medio. La decisión de reclamar una titulación única, "de un día para otro", también mermará las oportunidades de los trabajadores que, aun sin tenerla, ya cuentan con plaza fija, ya que no podrán acceder a promoción interna. "Se les priva de desempeñar puestos de superior categoría que hasta ahora estaban haciendo con sus titulaciones", lamentaron los sindicatos.

Los representantes de los trabajadores expresaron conjuntamente el rechazo a las condiciones impuestas en el proceso de funcionarización de los educadores, y señalaron que "supone un gran perjuicio no solo para los trabajadores", sino también para los usuarios. "Denunciamos la falta de negociación y el ninguneo a los representantes de los trabajadores", indicaron los sindicatos, que han pedido reunirse con los representantes de los partidos políticos en la Junta para exponerles su situación.

Además, resaltaron que la única facultad presencial en Asturias que imparte la titulación es privada "lo que supone que un gobierno social y progresista favorece a esa institución". Y señalaron que "la ley no exige limitar a esa titulación" la concurrencia a ese puesto de trabajo, sino que "es el Principado el que toma esa decisión".

Al tiempo que la denuncia sindical, el colectivo de personal con titulación de grado medio (que incluye formaciones como Psicología, Pedagogía, Trabajo Social o Magisterio) señaló que la decisión de ceñir la convocatoria de la oferta de empleo a los titulados en Educación Social "esconde intereses que no responden al servicio que se presta, ni al cumplimiento de las leyes". De hecho, los trabajadores sostienen que con esa exigencia difícilmente se podrán cubrir bajas al no haber personal suficiente con ese perfil en la bolsa de empleo.

Apoyo de los colegiados

Quien sí defiende que se exija la titulación específica es el Colegio profesional de la Educación Social, que afirmó en un comunicado que "ni una sola persona en el puesto de educador o educadora perderá su puesto de trabajo fijo" y defiende que hay en toda España "medio centenar de universidades que imparten el grado específico", si bien en Asturias únicamente se oferta desde un centro adscrito a la Universidad de Oviedo o la UNED. El Colegio recuerda además que "en 2023 todos los grupos parlamentarios, sin excepción, apoyaron la creación del cuerpo de funcionarios de Educación Social, impulsados por sendas proposiciones de Podemos y el PP.

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