El Colegio de Educadores apoya el plan del Principado en la polémica por la oferta pública de empleo

"Un ataque directo a la educación social", en concreto, a los educadores del Principado que trabajan en protección de menores y justicia juvenil. El Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias (COPESPA) afirmó ayer que los sindicatos que integran los comités de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y de la Consejería de Hacienda están generando "una controversia carente de fundamento" al posicionarse de forma unánime en contra de una medida recientemente aprobada por el Gobierno de Adrián Barbón y que la organización colegial apoya de manera tajante. La decisión que ha suscitado esta controversia es el proceso de funcionarización del cuerpo de educadores incluido en la oferta pública de empleo de 2024.

El "limbo" de los educadores en las ofertas de empleo del Principado: el cambio que limita su acceso a plazas

El Ejecutivo autonómico ha convocado 99 plazas de educador social y 74 de trabajador social, todas ellas de funcionario, a las que podrán optar los actuales trabajadores laborales del Principado de estos sectores siempre que dispongan del título universitario en Educación Social. La mayor parte de este colectivo no dispone de esa titulación, que en adelante será exigida tanto al personal de naturaleza más administrativa, que firma resoluciones, como al que presta servicio asistencial. Buena parte de la actual plantilla de educadores del Principado tienen titulaciones en otras disciplinas como Psicología, Trabajo social, Pedagogía y Magisterio, pero quedan excluidos ahora de este proceso de funcionarización por no tener la titulación universitaria de Educación Social.

El Gobierno de Asturias invoca la necesidad de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia (2021) y a Ley de Empleo Publico autonómica (2023). Y enfatiza que otras comunidades autónomas –Comunidad Valenciana, La Rioja y Cataluña, entre ellas– están llevando adelante idénticos procesos, y que existe "un margen de tres años" para ejecutarlos.

La plantilla total actual es de 320 educadores sociales. El problema, según los sindicatos, se centra en el 80 por ciento de los 176 interinos de la plantilla, que quedarían fuera de la Administración por no cumplir el requisito de titulación. Los 154 laborales fijos no tendrían problemas de continuidad, pero los no universitarios quedarían como plantilla a extinguir y no podrían promocionar. "Personas con amplia experiencia laboral quedarán en la calle sin posibilidad de trabajar en la Administración asturiana", aseguran los comités de ambas consejerías.

Frente a la postura sindical, el Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias (COPESPA) se ha posicionado a favor de esta modificación al sostener que acaba con el intrusismo en su profesión. Pablo Yáñez, presidente colegial, hará públicos hoy los argumentos de apoyo al Gobierno asturiano, ya que considera que la decisión del Ejecutivo "mejora los servicios públicos de la Administración regional, especialmente en los ámbitos de protección de menores y justicia juvenil".

Todos los sindicatos que forman parte de los citados comités de empresa –Comisiones, CSIF, USIPA, UGT, ISA y FSES) se muestran cohesionados "contra la funcionarización sin negociación". El objetivo de ambos órganos de representación de los trabajadores consiste en "paralizar la funcionarización tal y como está planteada, paralizar la modificación de la oferta pública de empleo de 2023 y negociar una solución integradora que no deje a nadie atrás".

Suscríbete para seguir leyendo