Asturias confía tener en verano el borrador de la ley que prohibirá el consumo y venta de bebidas energéticas a menores

La Viceconsejería de Derechos Ciudadanos modificará la ley autonómica de Consumo para elevar las sanciones, equiparándolas a la normativa estatal y europea

Beatriz González Prieto y Faustino Zapico

Beatriz González Prieto y Faustino Zapico

Vicente Montes

Vicente Montes

El gobierno regional inicia la redacción de la futura ley asturiana de bebidas energéticas, que persigue la prohibición de la venta y consumo a menores de 16 años. “Hay un consumo generalizado en los menores que preocupa bastante en lo que ha salud se refiere”, ha dicho Beatriz González Prieto, viceconsejera de Derechos Ciudadanos. La viceconsejería ha sacado a licitación el contrato de asistencia técnica para la redacción de la ley, en una cuantía de 12.100 euros.

“Estas bebidas tienen efectos nocivos muy preocupantes que han sido demostrados científicamente”, ha añadido. El gobierno estima que el borrador esté listo en verano con el objetivo de que Asturias sea “una punta de lanza” en “el cuidado de nuestros jóvenes”.

La futura normativa exige la coordinación de distintas áreas del Ejecutivo. Así, la Dirección de Consumo lleva meses de coordinación con todas las áreas relacionadas con la producción, publicidad, venta y consumo, como Comercio, Deportes, Juventud, Educación y Salud Pública. Faustino Zapico, director de Consumo, mantuvo el año pasado reuniones con profesores familias y organizaciones juveniles. Asimismo, la viceconsejería contará con la colaboración de ayuntamientos, colectivos afectados y la Administración del Estado.

El director general de Consumo también ha anunciado que se elaborará una nueva Ley de protección de los Consumidores y Usuarios del Principado, ya que la vigente, “está obsoleta”. La normativa actual tiene 24 años de antigüedad y necesita adaptarse a normativas comunitarias y modificaciones jurídicas que se han producido desde entonces.

“Los avances en la defensa de las personas consumidoras y usuarias en materia de comercio electrónico, garantías, comercialización a distancia, atención al cliente, consumidores vulnerables, bienes y servicios defectuosos, entre otras cuestiones, deben tener su reflejo en la normativa autonómica, y también debemos reforzar el control y la regulación en materia de procedimiento sancionador, infracciones y sanciones”, ha afirmado Zapico.

También se han producido cambios en los hábitos de consumo de la población y el régimen sancionador de la normativa estatal “es más restrictivo”.

Entre los ejemplos, Zapico ha citado que las infracciones leves de la norma asturiana ascienden en la actualidad a los 3.600 euros, mientras que en la estatal llegan a los 10.000 euros. En cuanto a las infracciones graves, alcanzan los 18.000 euros frente a los 100.000 euros máximos de la nacional.

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