La opinión de los jueces asturianos sobre la reforma para acceder a la carrera: "un intento de control"

El anuncio del Gobierno de una reforma del acceso a la judicatura para "facilitar que entren jóvenes de clase baja", estableciendo además que un 25 por ciento de las plazas de magistrados sean cubiertas por juristas de reconocido prestigio, entre otras medidas, ha caído como una bomba entre los jueces y magistrados asturianos. Independientemente de su sensibilidad ideológica, consideran que hay otros problemas más graves a los que el Ejecutivo no está dando respuesta, como por ejemplo la falta de jueces para cubrir las crecientes jubilaciones.

La magistrada Lucía Rodríguez-Vigil, coordinadora en Asturias de Jueces y Juezas para la Democracia, la asociación más progresista de los magistrados, estima que "hablar de un sesgo conservador en la judicatura no se corresponde con la realidad, no existe ese sesgo, no creo que los jueces sean de derechas". Y añade que "se habla de que son los hijos de los magistrados los que acceden en mayor número a la carrera, en mi promoción solo había dos de 127". Pone su propio ejemplo, hija de una abogada y un empleado de banca, para mostrar que el acceso a la carrera judicial es hoy en día muy diverso y democrático.

Las becas siempre se han promovido para los alumnos con menos medios, y Jueces para la Democracia siempre ha pedido su aumento. Además, desde la asociación se han promovido preparadores gratuitos para aquellos candidatos con dificultades económicas.

En cuanto a la consolidación de los interinos, Lucía Rodríguez-Vigil indica que el problema en la judicatura en similar al que se presenta en la Sanidad, y se solucionaría dotando de un mayor número de plazas. "No se cumplen los requisitos de Europa", añade. Y abogó por una regulación del cuarto turno.

Por su parte, el magistrado Fernando Ruiz Llorente, portavoz en Asturias de la Asociación Judicial "Francisco de Vitoria", se muestra muy crítico con el proyecto anunciado por el ministro Bolaños. "Es otro descarado intento de controlar al Poder Judicial, va contra los criterios de mérito y capacidad", opina. Sobre algunas cuestiones que se plantean, como establecer una prueba escrita, asegura que "ya la ha habido". Las becas "también las hay, y en la asociación hay bolsas de preparadores que ‘gratis et amore’ capacitan a los aspirantes a jueces".

Para Ruiz Llorente, "el problema de calado es que se pretende controlar al Poder Judicial a través del acceso". "Se están dando pasitos a corto plazo que están cambiando el Poder Judicial, y como sigamos así, podemos encontrarnos con una reforma muy profunda y antidemocrática, como la que se ha implantado en México, donde se ha jubilado a los jueces y ahora se eligen en listas vinculadas a los partidos", dice.

"El único contrapeso"

El magistrado añade que se corre el riesgo de que se controle "el único poder que hace de contrapeso, una vez que el poder político ya tiene controlada a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional". Ruiz Llorente se pregunta por qué motivo se pone en cuestión la formación de los jueces y no la de los notarios o la de los médicos, que es bastante similar. "Tienen que pasar una formación larga, con un año de actividad jurídico-práctica. El ciudadano tiene derecho a que los jueces tengan la mejor formación. Es un despropósito lo que se está planteando", cuenta.

También el Foro Judicial Independiente se ha mostrado crítico con la reforma propuesta por el Gobierno. Su presidente en Asturias, el magistrado Marcelo Rubio, también niega que "haya un sesgo conservador en la judicatura". Tampoco machista, puesto que "la mayoría son mujeres". En cuanto a la extracción social, "hay de todo".

El Foro Judicial Independiente, aunque apoya la regulación del sistema de becas como el que plantea el Gobierno (el sueldo mínimo en catorce pagas anuales durante cuatro años), rechaza la obligación de formarse en un organismo público como el CEJ, ya que "plantea riesgos como falta de capacidad para asumir el número de opositores, dudas como las razones por las que solo se está planteando en esta y no en otras oposiciones públicas, y el riesgo de filtros o controles ideológicos". Defienden el sistema de preparadores, habitual en todas las oposiciones públicas, "sin que pueda ser denostado ‘per se’ y solo en relación con la judicatura".

Además, la supresión de uno de los dos exámenes orales y sustitución por un dictamen práctico, "pone en riesgo la selección por mérito y capacidad", cree el magistrado Marcelo Rubio. Que se haga descansar ahora el acceso en "una mera entrevista, sí que puede introducir un sesgo en la selección de los jueces", añade Rubio.

Estando conforme con resolver el problema de los interinos, indicó que la solución descansa en dotar de más plazas. Para Rubio, "en los próximos años se van a jubilar numerosos jueces y no se van a poder reemplazar. Hay mucha escasez de jueces y hay que crear plazas, unas 300 al año".

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