El pacto de Sánchez y Junts: todas las medidas clave para Asturias (y no son pocas) que quedan en el aire

El Gobierno ha dejado fuera del nuevo real decreto-ley ómnibus pactado con Junts la prórroga de la rebaja de la luz a la gran industria electrointensiva, una medida que compañías con fuerte peso en Asturias como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc (Azsa) consideran "vital" para su competitividad.

En el decreto ómnibus rechazado la semana pasada en el Congreso estaba incluida la prórroga durante un año más del descuento del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad vigente para la industria electrointensiva desde el estallido de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania en 2022. Estos descuentos de la factura eléctrica, que se aplican directamente a las industrias con la calificación de electrointensivas, equivalen a más de 200 millones de euros anuales.

Ahora el Gobierno ha decidido trocear el decreto ómnibus, tras llegar a un acuerdo con Junts, y entre las medias que se han aprobado en el Consejo de Ministros no se incluye la rebaja en la factura de la luz a las compañías electrointensivas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que el Ejecutivo está negociando con los grupos parlamentarios la aprobación "en cuestión de semanas" de un paquete económico que irá en otro real decreto-ley, con medidas que estaban incluidas en el anterior decreto ómnibus y que "son medidas para seguir impulsando el extraordinario momento económico que vive nuestro país, por lo que espero cuenten con el apoyo de una amplia mayoría de grupos parlamentarios en las Cortes Generales", señaló el presidente del Gobierno. En concreto, Sánchez especificó que en ese paquete económico se incluirán medidas para la industria electrointensiva y también para la industria de la automoción con el Plan Moves III.

De momento, la industria electrointensiva tendrá que seguir esperando. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa 30 grandes industrias entre las que están ArcelorMittal o Azsa, advirtió el lunes que la rebaja es "vital" para que estas empresas puedan equiparse en costes con sus competidores de otros países europeos y que su factura eléctrica se incrementará el 5%. La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), sector con importante peso en Asturias, también calificó de "urgente" la prórroga del descuento en los peajes eléctricos y hoy se ha sumado a la reclamación la patronal de la industria siderúrgica, Unesid.

Según estimaciones de Unesid, el fin de esta exención del 80% en peajes eléctricos supondrá un coste de producción adicional superior a los 40 millones de euros anuales para la industria siderúrgica. Fuentes de esta patronal señalaron que para los productores de acero en España, con un consumo aproximado de 10 teravatios hora (TWh), la no aplicación de la rebaja representa un incremento medio de unos 4 euros el megavatio hora (MWh), "dificultando notablemente la competitividad de un sector clave para la economía española". Carola Hermoso, directora general de Unesid, señaló que "urge reducir la factura eléctrica mediante peajes justos y costes eficientes para fortalecer la competitividad de nuestra industria en un mercado global cada vez más exigente".

La siderurgia tiene un papel clave en la economía asturiana por el peso de ArcelorMittal, con cerca de 5.000 trabajadores.

Una exigencia de Junts sobre el cupo catalán bloquea 252 millones de Asturias

L. G.

El acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario de Junts para desbloquear una parte del contenido del llamado decreto ómnibus omite o deja para negociaciones posteriores numerosas medidas de carácter económico, tributario o de interés para empresas y contribuyentes. A la espera de que hoy se conozca con detalle la letra del nuevo texto, está confirmado que, entre otras decisiones, queda fuera la actualización de los anticipos de dinero que reciben las comunidades autónomas con arreglo al sistema de financiación común. Salvo sorpresa, también quedan sobre la mesa decisiones de contenido fiscal que, entre otros, afectan de manera singular a miles de trabajadores autónomos.

Las autonomías. El decreto ley original, que estuvo en vigor desde el 24 de diciembre hasta su derogación, el 23 de enero, por falta de convalidación en el Congreso de los Diputados, regulaba la actualización de las llamadas entregas a cuenta que recibirán este año las autonomías de régimen común para costear el funcionamiento de los servicios básicos (sanidad, educación...). En ausencia de Presupuestos Generales del Estado aprobados, como es el caso, las cantidades asignadas a cada región se actualizan a principios de cada año tomando como base las incluidas en los últimos presupuestos vigentes (los de 2023) y revisándolas conforme a la evolución prevista de los ingresos tributarios. Así, el Ministerio de Hacienda ha estimado que las comunidades deberían recibir 9.675 millones de euros extra, de ellos 252,6 millones para Asturias.

La inyección de ese dinero quedó en el aire al decaer el primer decreto y ahí sigue tras el pacto de ayer entre el Gobierno y Junts. Los de Carles Puigdemont aseguran, además, no estar dispuestos a respaldar las nuevas entregas "sin pactar una redistribución distinta de los objetivos de déficit (entre el Estado y las regiones) y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña". Si Junts se planta, el Ejecutivo necesitaría de los votos del PP (o su abstención) para desatascar el citado flujo de dinero hacia las autonomías, entre las que hay once gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo. El freno que persiste en ese capítulo económico del fallido decreto ómnibus concierne también a la actualización de los recursos que los ayuntamientos reciben del Estado para su financiación.

Los autónomos. Entre las medidas tributarias que decayeron el 23 de enero y que, en principio, no han sido rescatadas todavía está una prórroga fiscal sobre los límites a partir de los cuales los trabajadores autónomos están obligados a abandonar el sistema de estimación objetiva (modulos) para tributar por el IRPF y a pasarse al llamado régimen simplificado, más gravoso para muchos profesionales y con mayores costes de gestión, como destacó ayer Ignacio García, director de apoyo corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Según sus explicaciones, miles de autónomos, entre ellos muchos transportistas, podrían verse conminados a tributar por el régimen simplificado si sus facturaciones son superiores a los 75.000 euros al año, nuevo límite que de facto entra en vigor al quedar derogado el que se pretendía prorrogar para 2025 (125.000 euros) con el fallido decreto ómnibus.

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