Los efectos del terremoto de Muface en Asturias: más de 20.000 afectados, recortes y semanas de espera por consulta

Las declaraciones sobre Muface de la ministra de Sanidad, Mónica García,no han gustado nada en el ámbito del funcionariado asturiano. La dirigente hizo público su malestar con el incremento de 1.276,5 millones de euros a la mutualidad de funcionarios para tratar de mantener un sistema que calificó como "anacrónico" e "ineficiente".

"Los convenios de funcionarios con aseguradoras privadas llevan 50 años funcionando y suponen un ahorro importante para las arcas del Estado", replicó ayer Sergio Fernández Peñas, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Asturias, quien añadió que "el Congreso de los Diputados también cuenta con una mutua independiente de seguros privados, un seguro privado del que Mónica García se beneficia". "Acabar con Muface es un tema ideológico", afirmó Fernández Peñas.

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"Lo primero que tendría que hacer el Gobierno si quiere cambiar el sistema es calcular cuánto le costaría", añadieron desde CSIF. "Cinco mil millones de euros puede parecer mucho dinero, pero es un valor final. Mes a mes, el Estado no paga nada por nosotros", argumentó el dirigente sindical. Se refiere al importe total del presupuesto del contrato, una vez añadida la modificación planteada por el Ministerio de Función Pública el pasado martes en el Consejo de Ministros. Un precio que asciende a 4.808,5 millones de euros (1.276,7 millones más que el convenio que expira) y que englobaría, en el caso de Asturias, la sanidad de 36.791 personas, de las que 20.651 reciben asistencia privada y 16.140 pertenecen a la Seguridad Social.

De esas cifras, el 60% de los afectados totales de Muface son profesores. "Queremos seguir teniendo la opción de elegir", reclamó este sábado Gumersindo Rodríguez, representante de ANPE, el principal sindicato de la educación pública, que expuso un problema añadido: "Hacer el traspaso de 20.000 expedientes a la Seguridad Social supondría seguir engrosando las listas de espera".

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La Ministra también expuso la idea de ir pasando paulatinamente los historiales a la sanidad pública, algo que para ANPE no es factible. "Cambiar de hospital de referencia hace que puedan cortarse tratamientos ya empezados, además de perder el contacto con los especialistas que, en algunos casos, pueden llevar años tratando a un mismo paciente", añadió.

El grueso de los funcionarios asturianos supera los 50 años, lo que incrementa la necesidad de un seguimiento médico.

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Los asturianos vinculados a Muface se cuentan por miles. En concreto, hay 36.791 asturianos (empleados públicos y sus familiares). De ellos, 20.651 han optado por recibir asistencia sanitaria a través de las aseguradoras privadas que hasta ahora estaban concertadas con la mutualidad. 

Un ovetense, asegurado de Muface desde 1986, expone su experiencia reciente. Tuvo que ser operado de cataratas a principios del año pasado tras un desprendimiento de retina; lo hizo en una clínica de la capital, a la que acudió meses más tarde para continuar con un seguimiento que no pudo completar. "En la aseguradora me dijeron que habían roto el convenio con esa clínica, de manera que el número de oftalmólogos quedó reducido tres en Asturias, con su consiguiente saturación", relata. Este ovetense teme que su historial médico quede en un limbo, aunque celebra poder traspasar su informe a otro centro privado si el Gobierno llega a un acuerdo con las aseguradoras privadas en las próximas semanas. "En la Seguridad Social, normalmente no te admiten pruebas que hayas hecho en centros privados, lo que supone un gasto doble al tener que repetirlas", lamenta. Sobre la propuesta del Ministerio de Función Pública de incrementar la oferta de Muface a las aseguradoras en un 41,20% en un intento de reconducir la crisis, este beneficiario se congratula: "Ahora vamos a costar un poco más, pero seguimos siendo un ahorro para el Estado".

En una situación similar se encuentra una asturiana que fue funcionaria y esta jubilada desde hace unos años. La condición de pensionista hace que la atención se retrase, dice. "Los jubilados tenemos más patologías y a las aseguradoras no les compensa gastar ni un céntimo", razona. 

En su caso, tuvo que anular varias pruebas médicas en su centro habitual por no obtener la autorización por parte de la compañía de seguros. "Antes de todo este lío te contestaban en cinco días. Yo llevo veinte", protesta, asegurando que "el lunes mismo voy a ir a poner una reclamación, porque es una vergüenza".

Entiende que la sanidad privada es un "negocio" y que los beneficiarios de Muface tienen ventajas que otros ciudadanos no tienen, pero desconfía de cuánto tiempo podría mantenerse el sistema público con el traspaso de 20.000 expedientes (el número de asturianos de Muface con atención privada). Aún así, ambos casos reflejan las complicaciones que están viviendo los funcionarios asturianos. Piden "sensatez" del Gobierno para llegar a un acuerdo que beneficie a todos.○n