La despoblación calienta el debate de la financiación regional

Las diferencias de criterio de las comunidades autónomas afloran ya a falta de que el próximo 26 de febrero se celebre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se abordará la quita de deuda a los territorios. Pero las discrepancias que han saltado no tienen que ver con esta cuestión, ya que aún se desconoce la fórmula que el Ministerio de Hacienda presentará a las comunidades. La razón está en un documento técnico previo remitido por Hacienda en el que se resumen las preferencias de cada territorio para abordar un cambio en el modelo de financiación autonómica.

Según reveló el gobierno aragonés, en ese informe desaparece el criterio de "despoblación", que sí se incorporaba en un documento previo de 2021. El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, acusó ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de intentar "engañar" a los aragoneses. La Ministra aseguró que el hecho de que no aparezca ese concepto se debe a que ese fue el criterio de la mayoría de las comunidades consultadas al respecto.

La introducción de la variable de despoblamiento en la población ajustada motivó ya un encendido debate en 2022, en referencia a los documentos remitidos por Hacienda de cara a otro encuentro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Hacienda aseguró que el documento remitido a los gobiernos regionales únicamente resume las posiciones y que la mayoría de comunidades se habían mostrado contrarias a que se incorporase la despoblación como factor corrector en la población ajustada. De hecho, solo Castilla y León, Cantabria y Aragón defienden ese factor.

Asturias ya expresó en 2022 que las propuestas que entonces se planteaban "no garantizaban la suficiencia" del sistema, ya que no se confirmaba que hubiese más dinero en reparto. Precisamente, ese aumento de fondos globales es una de las exigencias del Principado, que también reclama más peso del gasto sanitario, en especial para mayores de 80 años, así como el incremento del gasto asociado a los servicios sociales. El Principado se refirió a la despoblación, pero exigió un fondo especial en vez de asociarlo a la población ajustada.

Hacienda espera de los territorios una "actitud receptiva" para abordar la quita de deuda, aunque no ha dado pistas del criterio.

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