Los inspectores educativos sufren (con regularidad) "burlas, faltas de respeto y presiones" de la jefatura, destapa un informe

"Carga de trabajo excesiva, presiones, voces o, incluso, lenguaje verbal agresivo". Aún más. "Discriminación por razón de sexo, formación y perfil profesional". Todas estas conductas son las que sufren desde hace meses los inspectores de la Consejería de Educación del Principado, según revela un informe elaborado por Prevención de Riesgos Laborales al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. El documento, firmado hace tan solo un mes, advierte de que los trabajadores perciben, "con cierta regularidad", "comportamientos, situaciones, actitudes y formas de trato incorrectas que serían atribuidas a la jefatura de rango superior".

El informe habla de "burlas, recriminaciones ante terceros, faltas de respecto, tratos de favor y un sinfín de acciones reprobatorias" que ya habrían sido denunciadas ante la consejera de Educación, Lydia Espina, en más de una ocasión por parte de los propios trabajadores, tanto a través de los sindicatos como en reuniones directas con la socialista. Según ha podido saber este periódico, Espina tendría la evaluación de Riesgos Laborales desde el 16 de enero, tres días después de la firma del mismo.

La Consejera es la responsable directa del servicio de Inspección Educativa, al contrario de lo que ocurre en otras áreas en las que las direcciones generales ejercen como intermediarias. Por debajo de Espina, estarían el jefe de servicio y la jefatura adjunta.

La investigación interna se inició el pasado mes de septiembre tras un escrito enviado por diecinueve inspectores al servicio de Riesgos Laborales en el que denunciaban irregulares manifiestas en las instrucciones de trabajo, cargas laborales inadecuadas y arbitrarias en algunos casos, desatención y falta de apoyo por parte de la consejera de Educación, así como violencia laboral. Cabe destacar que actualmente la plantilla está integrada por 38 inspectores, además de jefes de servicio y auxiliares administrativos.

El trabajo de campo desarrollado entre octubre y noviembre revela las "relaciones tensas" que existen entre los inspectores y la jefatura superior, las cuales irían más allá de las discrepancias comunes que pueden existir dentro de un ámbito laboral. En concreto, los trabajadores perciben "un control excesivo por parte de la jefatura adjunta sobre la planificación, distribución de las tareas, procedimientos e instrucciones de trabajo y calidad del mismo".

Más grave aún. El informe habla de "formas de trato incorrectas, expresiones verbales agresivas, recriminaciones en público…". También hace referencia a "trato diferencial", así como "tensiones causadas por las visitas y desplazamientos del personal inspector a los servicios". Esta percepción de violencia verbal sería, además, superior entre las mujeres que en los hombres (las mujeres tuvieron mayor representatividad en la muestra).

Más de la mitad de los profesionales que participaron en la investigación también observaron "discriminación" en el trato hacia determinadas personas por "razón de sexo, formación y perfil profesional". Estas acciones, que atribuyen a la jefatura superior, irían desde la concesión de permisos a unos compañeros antes que a otros, simpatías personales, mejor trato con los inspectores de Primaria y Secundaria…

En lo que respecta a la parte estrictamente laboral, los trabajadores consideran que tienen "escasa capacidad de influencia y participación" en aspectos que son determinantes para su trabajo. Su rol quedaría relegado a "recibir información sobre normas, instrucciones, procedimientos, métodos de trabajo...". La informaciones no siempre serían lo claras que debería y, además, en ocasiones estarían obligados a "tomar decisiones, aceptar instrucciones o realizar tareas con las que están en desacuerdo porque supone un conflicto moral, técnico, legal o emocional".

Tan tajante son las conclusiones de la evaluación como las recomendaciones y medidas preventivas. Entre las acciones que se proponen uno de los párrafos del documento se recomienda, por ejemplo, que "las formas de trato han de ser correctas y respetuosas entre todos los miembros del servicio independientemente del puesto, jerarquía, condición laboral o personal". No deben, añaden, "tolerarse comportamientos impropios en un entorno de trabajo que pudieran resultar ofensivos para las personas, vulnerar los códigos éticos de comportamiento o generar tensiones innecesarias (faltas de respeto, lenguaje verbal agresivo, recriminaciones ante terceras personas, etcétera)". n

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