La Consejera de Educación toma medidas para acabar con el maltrato a los inspectores y el PP ataca: "Es cómplice"

El informe elaborado por el servicio de Riesgos Laborales sobre las circunstancias que estarían sufriendo desde hace meses los inspectores educativos ("lenguaje verbal agresivo, voces, recriminaciones en público, discriminación...") desvelado por LA NUEVA ESPAÑA provocó ayer duras reacciones. La diputada del Partido Popular Gloria García se mostró contundente. Exigió "acciones inmediatas" por parte del presidente, Adrián Barbón, y acusó a la consejera de Educación de ser "cómplice" de lo que está ocurriendo. "Hace un mes que tiene el informe y no ha hecho nada", criticó. Desde el departamento de Lydia Espina aseguraron que ya cuentan con un borrador de un plan de acción y que han mantenido reuniones con los trabajadores que así lo solicitaron. "No hay nada que ocultar", indican.

Los populares habían solicitado acceso al informe a principios de febrero, pero, a pesar de no haber tenido todavía respuesta del Principado, han podido tener ya acceso al contenido del mismo. "Se habla de lenguaje verbal agresivo, voces y discriminación por razón de sexo, formación y perfil profesional… Son hechos muy graves que, encima, vienen por parte de la jefatura superior", insistió. Para la diputada, un Gobierno que "va por ahí dando lecciones de feminismo" no debería permitir distinciones entre sus trabajadores sin tomar medidas inmediatas. "Todo esto está pasando con el silencio de la Consejería de Educación. Si la consejera calla es cómplice. ¿Qué va a hacer Barbón ante la violencia verbal y la discriminación por sexo que sufren los inspectores?", se preguntó.

Los inspectores educativos sufren (con regularidad) "burlas, faltas de respeto y presiones" de la jefatura, destapa un informe

García también adelantó que solicitarán la comparecencia de Lydia Espina para que explique en comisión cómo se han dado tales circunstancias y por qué siendo la persona con "mayor jerarquía" no hizo nada para impedirlo.

Por su parte, desde la Consejería aseguraron ayer que ya han comenzado a tomar medidas y que se "corregirán los aspectos necesarios". Eso sí, quisieron aclarar que la evaluación es "un análisis de situación basado en encuestas anónimas" y, por tanto, "las conclusiones no son comprobaciones del servicio de Prevención, sino que se basan en entrevistas". Estas, además, se organizaron teniendo en cuenta que fueron 19 los inspectores que en su momento solicitaron la evaluación.

"¿Qué va a hacer Barbón ante la violencia verbal y la discriminación?", pregunta Gloria García

Para el departamento de Lydia Espina "detrás de esta situación subyace otro conflicto de distinta naturaleza". En concreto, hicieron referencia a la decisión de la Consejería de suprimir los diez días de permisos adicionales que los trabajadores venían disfrutando hasta el año pasado y que fueron retirados por no tener "ningún soporte legal".

Esta medida fue dirimida en los tribunales, con una clara victoria por parte del Principado tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). "Este asunto ha creado tensiones en el servicio, pero los tribunales en todo momento han respaldado la decisión de la administración", explicaron.

Los inspectores también acudieron a los juzgados por discrepancias con las instrucciones dictadas por la jefatura del servicio, aunque también perdieron. Por tanto, indicaron en Educación, "se han adoptado decisiones con las que no están de acuerdo. Eso es así. Pero no existe constancia de que haya ninguna tarea o decisión que afecte a su dignidad", afirmaron en referencia a las acusaciones que se recogen en el informe y que se atribuyen a la jefatura superior sobre un trato diferencial en la concesión de permisos, simpatías personales, trato incorrecto...

El Gobierno regional asegura que "no hay nada que ocultar" sobre el informe por las denuncias

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales inició el año pasado la elaboración de una evaluación psicosocial del servicio de Inspección Educativa tras el escrito enviado por 19 trabajadores en septiembre en el que denunciaban "irregularidades manifiestas en las instrucciones, cargas de trabajo inadecuadas, desatención y falta de apoyo por parte de la Consejería y violencia laboral". El 20 de septiembre enviaron el primer requerimiento y en octubre comenzaron el trabajo. A lo largo de un mes realizaron 13 entrevistas individuales y recibieron cumplimentados 24 cuestionarios. Además, mantuvieron una reunión con el jefe de servicio para recabar información. El trabajo fue entregado el 16 de enero.