Malestar entre los funcionarios asturianos ante la reforma judicial que comienza en abril

A principios de abril entra en vigor la ley de eficiencia de la Justicia, que supondrá la desaparición de los juzgados, sustituidos por los tribunales de instancia, uno por cada partido judicial. Los funcionarios dejarán de estar adscritos a un juzgado y pasarán a integrarse en una única oficina judicial. La inminencia de este cambio "tiene a los funcionarios inmersos en un clima de desconcierto", asegura Gema Benítez, secretaria general de SPJ-USO, que la semana pasada estuvo en Asturias para conocer los problemas de los trabajadores judiciales, como la carga adicional de los funcionarios de los Juzgados de Violencia, que deben instruir ahora también los delitos sexuales y desconocen si tendrán refuerzos.

La implantación durará nueve meses. Antes de junio debe implementarse en los juzgados pequeños. Hasta octubre, en los juzgados medianos, como Langreo, Siero o Mieres. Finalmente, en diciembre, le tocará a Oviedo, Gijón y Avilés.

"Al estar en un servicio común, nos pueden mandar a cualquier lugar. No sabemos si pueden hacerlo sin motivación, si se van a respetar derechos adquiridos..., vamos a ser los chicos para todo, no podremos especializarnos en una jurisdicción, quieren que seamos piezas de montaje", indica.

Benítez asegura que hay que exigir a las autonomías que establezcan las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y previamente la valoración de los mismos (VPT), que establece las funciones de cada puesto, la carga y las condiciones de trabajo. Este jueves, la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, se reúne con los sindicatos para tratar las RPT, y otros asuntos, como la bolsa de interinos. "Es un tema farragoso que no creemos que pueda solventarse con una reunión", considera Benítez.

Pese al malestar, no parece que pueda haber movilizaciones. El pasado enero el Gobierno arrancó de los sindicatos –no firmaron SPJ-USO ni CC OO– un acuerdo de paz social. Benítez indica que, no obstante, se judicializará cualquier medida que vaya contra la ley, como ha ocurrido con el concurso de traslados de los cuerpos generales. Y finalizó: "La ley de eficiencia podrá ser muy eficaz para la Consejería, pero no para funcionarios y usuarios".

Suscríbete para seguir leyendo