Más ayudas para los ayuntamientos: así aumenta el Fondo de Cooperación Municipal

El Fondo de Cooperación Municipal incrementa un año más su presupuesto para fortalecer el respaldo a los concejos asturianos con menos de 40.000 habitantes. El Consejo de Gobierno aprobó este viernes el reparto de 11 millones de euros, un 10% más que en 2024, para “que cada ayuntamiento cuente con recursos suficientes para avanzar en su desarrollo”. La previsión del Principado es alcanzar los 13.310.000 euros en 2027.

El consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez destacaron este viernes la importancia de esta ayuda, cuya aprobación llega “mucho antes” que ejercicios anteriores, al fin de atender la demanda de los municipios. La ayuda no está vinculada a ningún fin común, lo que permite a los beneficiarios destinar el dinero a las actuaciones que más les convengan.

El reparto se realiza conforme a criterios objetivos. Por un lado, cada beneficiario recibirá una cantidad fija de 59.459 euros, correspondiente al 40% de la partida total. Un 30% se reparte en función de la población, tratando de compensar las asignaciones que recibirán los territorios más despoblados. Un 19% corresponde a la dispersión territorial, en atención al número de entidades de población singulares que tengan al menos cinco habitantes. El resto de indicadores son el envejecimiento, la superficie y la orografía.

La Consejería de Movilidad destina 30 millones anuales para apoyar a los ayuntamientos asturianos. Además del Fondo de Cooperación, destaca el programa de obras cooperables para municipios de menos de 20.000 habitantes que el año pasado fue un gran “éxito” y permitió ejecutar 63 actuaciones.

El Consejo de Gobierno también aprobó varias líneas de subvenciones. Por un lado, dieron luz verde a un gasto de 2,5 millones para la convocatoria de ayudas para el uso de energías renovables y acciones de ahorro y eficiencia en el consumo. Estas van dirigidas a empresas privadas, trabajadores autónomos, particulares, entidades sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios que realicen inversiones en esta materia.

Por otro lado, destinarán 755.000 euros para apoyar la adquisición de maquinaria y equipos de trabajo que refuercen la seguridad y disminuya los riesgos laborales en las empresas. La partida aumenta 130.000 euros respecto al año anterior cumpliendo así con los acuerdos de concertación social.

Por último, tal y como había adelantado ya la consejera de Educación, Lydia Espina, en el Pleno de la Junta General, el Consejo acordó modificar el decreto de estructura para que el servicio de inspección educativa pase a depender de la dirección general de Personal Docente. Según explicó Guillermo Peláez, esta medida pretende fomentar una “organización interna más operativa”. “También hemos tenido en cuenta la estructura de otras comunidades autónomas”, reconoció.

Esta medida llega después de que el Servicio de Riesgos Laborales emitiera, ante la denuncia presentada por 19 inspectores, un informe en el que se hablaba de trato vejatorio hacia parte de la plantilla.