¿Cuántas familias asturianas sin ingresos reciben ayudas todos los meses? Estas son las grandes cifras del salario social y el ingreso mínimo vital en la región

La implantación en Asturias del salario social fue un hito en el ámbito de las políticas de rentas mínimas. Un avance sustancial para arropar a las familias en riesgo que en octubre cumplirá dos décadas (la ley del Salario Social Básico se aprobó el 28 de octubre de 2005) y que en los últimos años se ha visto reforzado con la implantación del ingreso mínimo vital (IMV). Solo el año pasado, la suma de las cuantías de ambos subsidios superó ya los 175 millones de euros, una cifra histórica muy superior a los 125 millones que llegó a destinar el Principado en los años más boyantes de la ayuda regional.

Esta cantidad permitió aprobar algo más de 24.000 prestaciones en 2024, aunque el número de beneficiarios fue claramente superior teniendo en cuenta que una persona puede solicitar la ayuda para un núcleo familiar. Por ejemplo, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de titulares del ingreso mínimo en enero de este año fue de 16.141, pero los beneficiarios fueron 38.279, de los que 13.000 eran menores. En el caso del salario asturiano, en el primer mes del año había en activo 8.275 expedientes, aunque la cifra de beneficiarios sería casi el doble.

Si se estudian los datos en detalle, resalta que las mujeres son titulares del doble de prestaciones que los hombres, tanto en el salario social como en el ingreso mínimo. Además, los informes del ministerio revelan que, al contrario de lo que se pueda pensar, en lo que respecta al subsidio estatal este es concedido principalmente a españoles. De los 16.141 titulares que había en enero de este año, 14.461 tenían nacionalidad española frente a 1.672 que eran extranjeros. La cuantía media mensual que reciben los hogares que se benefician de este subsidio es de 627,36 euros.

El Gobierno central decidió poner en marcha el ingreso mínimo vital en 2020 para "erradicar la pobreza y favorecer la participación en el mercado laboral y la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad", instaurando una base común e igualitaria para todo el país. Si bien es cierto que desde el primer momento se estableció que esta ayuda pudiese compaginarse con aquellas que la existían en las comunidades autónomas, la previsión es que el salario social asturiano acabe desapareciendo a medida que la estatal vaya cubriendo la mayor parte de las necesidades de la población.

Esta tendencia a la desaparición se ve muy clara en las cifras de titulares del salario social. Desde junio de 2020, cuando se puso en marcha la ayuda estatal, el número se ha visto reducido en más de la mitad, pasando de 21.748 a 8.362 en 2024. Y la cifra sigue bajando. En enero de este año, se habían tramitado 8.275 expedientes, situándose en datos similares a los de 2012. Esta considerable reducción en el número de beneficiarios se refleja también en el presupuesto. En 2020, el Principado destino a este programa algo más de 118 millones, mientras que el año pasado fueron 55,4. Y se reducirá aún más, ya que para este el crédito inicial es de 48,7 millones.

En comparación, desde la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, en Asturias se han tramitado 23.352 expedientes del subsidio estatal, que han beneficiado a más de 50.000 personas. En lo que respecta al mes de enero de este año, por ejemplo, se aprobaron 16.141 prestaciones por un valor de los 10,8 millones (brutos), lo que equivaldría a una media de 264,54 euros por persona beneficiada. El Informe de Rentas Mínimas de Inserción, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, revela a su vez que en 2023 tan solo un 5,20% de los titulares del salario social asturiano lo compaginaron con la ayuda estatal.

A pesar de que los titulares disminuyen, el Principado continúa tomando medidas para ofrecer el mejor servicio. El verano pasado la Consejería de Derechos Sociales decidió habilitar "Prestaciones Asturias", una herramienta digital para agilizar los pagos del bono social término, la dependencia y, por supuesto, el salario social. Según explicó entonces la consejera, Marta del Arco, la finalidad era que la ciudadanía tuviese a su disposición "una información amable, directa y práctica a la hora de conocer el estado de su expediente, formular solicitudes, comprender el contenido de los actos administrativos o resolver dudas prácticas sobre los trámites a realizar, de manera que puedan evitarse dilaciones innecesarias, todo ello en un lenguaje comprensible y cercano".

La otra gran línea de trabajo de la consejería, y en la que se produjo un gran avance el mes pasado, es la inserción laboral de los perceptores del salario. El Principado creará ocho grupos de coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, autonómicos y municipales enfocados en personas en riesgo de exclusión, especialmente menores de 30 años, inmigrantes y perceptoras del salario social básico. En una primera fase, los esfuerzos se centrarán en 512 personas beneficiarias del salario social que son menores de 30 años o provienen de países extracomunitarios.

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