Indignación entre los veterinarios por la limitación para dar antibióticos: "Lo pagarán las mascotas"

La ley reconoce, desde 2003, a los veterinarios como profesionales sanitarios. Partiendo de esta premisa, el colectivo se ha puesto en pie de guerra contra el Gobierno central por el real decreto 666/2023, que limita la dispensación de antibióticos a animales. Una propuesta llegada desde Europa a fin de disminuir el uso de estos fármacos, pero que, según los expertos, en nuestro país se está regulando de una forma "mucho más restrictiva", motivo por el que han iniciado una cadena de concentraciones que llegará a la plaza de la Escandalera de Oviedo el próximo domingo 23 de marzo a las 12.00 horas.

Ana Bances es veterinaria y vicepresidenta de la Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios del Principado de Asturias (Aemvet). Explica, desde su experiencia, cómo el real decreto les obliga a registrar todas las prescripciones que hagan en el sistema PresVet, supervisado por el Ministerio de Agricultura: "Hacer este trámite no solo ralentiza el proceso por culpa de la burocracia, sino que suprime nuestro criterio clínico". Lo dice basándose en la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la cual indica que estos trabajadores (veterinarios incluidos) llevarán a cabo su actividad "con plena autonomía".

Sin embargo, desde el 2 de enero, la orden del Ministerio hace que, la primera opción, con independencia de la patología que presente el animal de compañía, sea comenzar el tratamiento con antibióticos "muy suaves", aquellos de tipo A, que no podrán ser facilitados por las clínicas, sino que correrá por cuenta del dueño el adquirirlos en una farmacia. "Tenemos que recetar medicamentos que sabemos que son insuficientes y esperar a que no subsanen el problema para poder pasar a otros más fuertes". Algo que, a su juicio, choca frontalmente con la ley de Bienestar Animal, que exige la protección de los animales de compañía. "Es un tiempo innecesario en el que la mascota sufre, incluso puede morir", sostiene Bances. Es por ello, que la asociación tiene pendientes reuniones con el Director General de los Derechos de los Animales: "Podemos tener sanciones graves si el animal sufre daños o lesiones derivadas de la prohibición de unos medicamentos que como especialistas tenemos la obligación de proporcionarles", advierten. En contraposición, la cartera dirigida por Luis Planas argumenta que se trata de una medida "necesaria" a fin de luchar contra la resistencia antimicrobiana que pueden generar los antibióticos. Un argumento insuficiente para los veterinarios. "En medicina humana el médico es libre para recetar lo que considere oportuno en virtud del paciente. Nosotros tenemos que poder actuar igual", reclaman desde Aemvet.

En este sentido, el Partido Popular de Castilla y León presentó hace unos días una proposición no de ley en la que insta a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para solicitar una serie de modificaciones en el real decreto, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en pedirlo.

Ese será uno de los puntos que los veterinarios asturianos reivindiquen el próximo domingo: la derogación o, al menos, la modificación de la nueva ley, junto a otras medidas como la reducción del IVA en los servicios veterinarios, que se encuentra al 21 por ciento; la distribución de unos protocolos claros que garanticen la seguridad de los animales, sin olvidarse del criterios clínico de los veterinarios, o la eliminación las sanciones, que consideran, desproporcionadas.

Suscríbete para seguir leyendo