¿Cuántos menores inmigrantes acogerá Asturias tras el pacto de Sánchez con Junts? Más que Cataluña y el País Vasco, y está entre las cinco regiones más solidarias

Asturias afronta la recepción de unos 150 menores inmigrantes tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts. La formación catalana que lidera Carles Puigdemont se ha asegurado que la cantidad de menores que reciba Cataluña sea la más baja de todo el reparto nacional (26 menores). El acuerdo desbloquea, tras meses de negociación, la reclamación sobre dónde ubicar a más de 4.000 menores que se encuentran hacinados en Canarias y 400 en Ceuta. El pacto suscrito entre el Gobierno y Junts establece una fórmula matemática de distribución que, al igual que ocurrió con la quita de deuda autonómica, termina por obtener un resultado favorable a los intereses de los nacionalistas catalanes, lo que ha desatado las críticas de la derecha.

El gobierno asturiano afirmó ayer, por boca de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, que no tiene aún cifras oficiales sobre cuántos menores corresponderán a Asturias, pero proyecciones realizadas según los criterios matemáticos establecidos por el Ministerio de Juventud e Infancia señalan que a Asturias le tocarán unos 150 menores. No se trata de cifras oficiales, pero establecen un marco sobre el que, con cierto margen, se moverán los números definitivos.

Marta del Arco reconoció la necesidad de hacer "un reparto solidario" al que deben contribuir las distintas comunidades autónomas. La modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería perseguía, precisamente, aliviar la sobrecarga que sufre el sistema de protección de menores en Canarias. "Los chicos y chicas han de tener oportunidades reales, y todas las comunidades tenemos que ser solidarias", aseguró Del Arco.

Establecido el marco teórico, Del Arco entró en los detalles. El primero, que Asturias tiene ahora mismo colgado el cartel de "completo" en los centros de menores de acogimiento residencial. Del Arco recalcó que las 101 plazas con las que cuenta el Principado para menores migrantes están cubiertas, si bien reconoció que "los chicos que llegarán a Asturias serán menores de 16 años y habrá muchos chicos ya mayores de edad en transición a la vida adulta, lo que generará un flujo en el sistema que habrá que analizar". Es decir, de forma natural se liberarán plazas. Pero, en todo caso, ese movimiento parece insuficiente para asumir la cantidad de menores no tutelados que el Estado quiere trasladar al Principado, al menos según las estimaciones.

La consejera Del Arco recuerda que el Estado deberá financiar las necesidades extra de las comunidades

A este respecto, Del Arco destacó que la modificación legal establece que allá donde vaya a producirse una sobreocupación de plazas el Estado tendrá que acompañarla de recursos. "Poder garantizar la financiación era uno de los puntos clave de esta modificación del artículo", destacó la Consejera.

Con todo, Del Arco indicó que desconoce el reparto definitivo, los plazos y cómo afectará esta decisión a los presupuestos de 2025 para su consejería: "No sé si tendría que ir el año que viene, o si será mediante una subvención o una transferencia", reconoció la titular de Derechos Sociales.

La fórmula de reparto está abonada a la polémica. El PP ya ha señalado, en el ámbito nacional, que rechaza el sistema por considerarlo "insolidario" y la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ya ha expresado su voluntad de llevar a los tribunales el criterio.

La fórmula establecida por el Gobierno de Pedro Sánchez es compleja. Es matemática, objetiva y técnica, al igual que señaló la ministra Montero sobre la quita de deuda, pero el resultado es paradójicamente favorable para los intereses ya expresados previamente por los nacionalistas catalanes.

Una fórmula favorable

Así, la fórmula distribuye un 50% de las niñas y niños en razón a la población de las comunidades de acogida; un 13% en función de la renta disponible bruta per cápita de los hogares de las comunidades; un 15% según la razón inversa a la tasa de paro según la Encuesta de Población Activa del último cuatrimestre de cada territorio; un 6% "atendiendo al esfuerzo en atención a personas menores no acompañadas" (es decir la ratio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados por cada 100.000 habitantes). Además, un 10% se reparte en razón inversa al dimensionamiento estructural del sistema de plazas de acogida; y otro 6% se distribuye basándose en conceptos como insularidad o dispersión.

En ese reparto, Cataluña consigue rebajar en 508 el número de inmigrantes menores acogidos gracias a la fórmula del dimensionamiento. Asturias también logra una mínima rebaja de 3 menores; en cambio, Madrid engorda en 327 personas su cifra. Aunque el Principado recibiría, por población, menos menores de los que le corresponden, los otros elementos de la fórmula incrementan la cantidad.

Así, en un reparto exclusivamente basado en la población, La Rioja es la comunidad más penalizada, seguida de Cantabria, Navarra y Extremadura. Asturias sería la quinta comunidad con más tasa de menores acogidos por población siguiendo el reparto no oficial que se extrae de las últimas proyecciones avaladas por el Ministerio.

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