Asturias reacciona al reparto de menores migrantes pactado con Junts: lo que le reclama Barbón a Sánchez

Asturias está dispuesta a acoger más menores migrantes y ser "parte activa" de un problema que merece una "respuesta que involucre a todos los territorios del país". Sin embargo, el Principado no aceptará el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts sin que se tengan en cuenta determinados matices. A la espera de datos oficiales, las proyecciones realizadas obligarían al Principado a recibir a 150 menores, casi 50 más que los 101 que actualmente están en los centros regionales de acogida, al máximo de su capacidad.

Es decir, no hay una sola plaza disponible, por lo que el Principado reclamará que el esfuerzo de acogida sea "transparente, objetivable, equitativo y proporcional a la capacidad de cada territorio". "Es obvio que una comunidad uniprovincial como Asturias dispone de menos recursos que otras. A mayores, planteamos que la distribución resultante de ese esfuerzo solidario y compartido sea dialogada con las administraciones autonómicas", precisó ayer la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

Teniendo en cuenta esta escasez de espacios, el Principado tendrá que estudiar "pormenorizadamente" las alternativas para facilitar la acogida. Un encaje de bolillos que los trabajadores de los centros de menores no ven nada sencillo, a no ser, dicen, que se acabe realizando mediante una colaboración con el sector privado. Un método que ya habría sido utilizado en ocasiones anteriores.

El Gobierno asturiano insiste además en que este compromiso de acogida debe ir acompañado de la "financiación adecuada" que permita proporcionar a los menores "las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna". "Es un requisito indispensable para que cumpla su fin humanitario", dijo Del Arco.

Cuestiones técnicas y económicas aparte, en el Principado volvieron a defender que "mirar hacia otro lado no solo sería insolidario e inhumano, sino incoherente con una visión de Estado". El Gobierno regional rechaza además los planteamientos "xenóbofos de la extrema derecha".

En esta misma línea se posicionaron ayer en Convocatoria-IU. "Las críticas que llegan especialmente de las derechas no tienen justificación y solo responden a una hoja de ruta que lo que persigue es cuestionar cualquier decisión del Gobierno, alineándose con las posiciones más ultramontanas de la extrema derecha, que pretende saltarse la legislación que obliga a la efectiva protección de los menores, y lo hacen, aunque no lo digan, por cuestiones racistas", afirmó el parlamentario Xabel Vegas.

La también diputada regional Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, recordó que "Asturies es tierra de solidaridad" y afirmó que los menores serán bienvenidos. En cuanto a los recursos, exigió una optimización y mejora del sistema actual, "tanto en lo referente al cuidado como de apoyo psicológico y social".

Para el PP, el acuerdo es "una nueva concesión del sanchismo a la xenofobia de los independentistas catalanes, y se trata a los menores como mercancía para pagar la poltrona de Sánchez en La Moncloa". La diputada Beatriz Polledo incidió "los muchos problemas y deficiencias que existen en los centros de menores". Opinó también que el hecho de que el bienestar e integración de 150 menores dependa de la consejera Marta del Arco es "un riesgo en sí mismo".

Sara Álvarez Rouco (Vox) puso el acento en que "el problema principal surge de la ausencia de limitaciones para la entrada de estos menores inmigrantes". Y denuncia que el reparto "aumentará la conflictividad en los centros tutelados asturianos ante la pasividad generalizada". Por su parte, Adrián Pumares (Foro) calificó el acuerdo entre Sánchez y Junts como "vergonzoso y xenófobo" porque "trata a los menores como ganado".