El Principado inicia una inspección en Minas por las muertes de Cerredo, con entrevistas a funcionarios, que servirán de prueba ante el juez

Tirando de una expresión comúnmente utilizada en el entorno policial, se podría decir que la Inspección General de Servicios del Principado, que se hará cargo de dirimir si se produjo alguna negligencia administrativa respecto al accidente de la mina de Cerredo donde murieron cinco trabajadores, es un equivalente a los "asuntos internos" de la Policía Nacional. Es decir, está adscrito a la Administración regional, pero tendrá plena "autonomía" e "independencia" para tratar de responder a todos los interrogantes que han surgido en torno al trabajo del Servicio de Minas autonómico. ¿Por qué un email recibido hace dos años con una denuncia ciudadana no se abrió hasta después del accidente? ¿Se ejecutó correctamente el proceso para la concesión de permisos a la empresa Blue Solving? ¿Es correcto que la última inspección al yacimiento fuese hace más de seis meses?

Este proceso constituye "un instrumento de capital importancia para velar por el buen funcionamiento de la Administración autonómica" y servirá no solo para averiguar si el trabajo realizado por el Servicio de Minas fue el correcto, sino para implantar medidas a futuro que impidan que hechos similares puedan volver a ocurrir. Lo dijo el propio presidente del Principado, Adrián Barbón: "Hay que saber los fallos que se pudieron cometer, si es que es así. Hay que reseñarlo todo, ver dónde se puede mejorar; hay que apreciar si hubo negligencia y ver dónde están las negligencias en el funcionamiento de la Administración. Y eso lo va a dar la Inspección de Servicios".

Si bien no existen unos plazos determinados para la investigación, una vez que se emita el informe provisional, que será remitido al Inspector General de Servicios para su aprobación, los interesados tendrán la posibilidad de presentar las consideraciones que estimen oportunas en un plazo no superior a quince días hábiles. El Inspector General será el encargado de rectificarlo o ratificarlo, para lo que tendrá como máximo también quince días hábiles. Es decir, solo estos trámites, sin contar con la investigación propiamente dicha, alargarían el proceso más de un mes.

Uno de los puntos más importantes es que las actas emitidas en este proceso tendrán "valor probatorio y gozarán de presunción de veracidad", es decir, que serían válidas en cualquier procedimiento judicial. Un dato, el último informe de la Inspección General de Servicios fue el que avaló el despido de Pablo de Soto, anterior director de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

Los inspectores están considerados como "agentes de la autoridad" y los implicados en el proceso estarán obligados a colaborar en todo aquello que se les solicite, deber cuyo incumplimiento puede dar lugar a la apertura de expediente disciplinario. El proceso consistirá en visitas a las unidades administrativas, en la realización de auditorías, la celebración de entrevistas personales y comparecencias, el acceso a toda base de datos y sistemas informatizados y la compilación de cualquier tipo de expedientes o documentación... Se trata, por tanto, de contar con datos suficientes y relevantes para sustentar los análisis, conclusiones, recomendaciones y propuestas alcanzadas".

"No vamos a cerrar filas con nadie", avisa IU al PSOE

El consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, reconoció ayer estar "profundamente preocupado" por la situación que esta atravesando Asturias desde el "fatídico" accidente en la mina de Cerredo y no cerró la puerta a apoyar una posible comisión de investigación. "El lunes pasado reuníamos a la Colegiada y decíamos que no íbamos a cerrar filas con nadie, que lo que íbamos a hacer era abrir puertas para que floreciese la verdad y la justicia", recordó. La coalición esperará, como el resto de grupos de la oposición, al Pleno del martes para decidir el rumbo. En su caso, tienen el 21 de abril como fecha marcada en el calendario.

Ese día volverán a reunir a su órgano de dirección para tomar una decisión que, "evidentemente, será amplia, en torno a todo lo que está siendo este proceso". Pero no solo eso, sino para tratar otros muchos temas que pueda haber sobre la mesa. Para Zapico, el accidente debe abordarse desde tres perspectivas distintas. Por un lado, "hemos dicho muchas veces que aquí se tienen que dirimir responsabilidades que son judiciales, por eso fuimos los que dijimos que había que reforzar el juzgado de Cangas del Narcea en su momento". En segundo lugar, estarían las administrativas. "En ese sentido nosotros valoramos ese trabajo de la Inspección de Servicios y hay, por lo tanto, ver cómo ese trabajo avanza", añadió. Y, por último, "hay responsabilidades que son del ámbito político". El Consejero también ratificó la valoración que la diputada Delia Campomanes hizo de la comparecencia en comisión de Belarmina Díaz: "Fue una comisión fallida".

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