La crónica de una jornada frenética en la Junta que acabó con una comisión sobre el accidente minero

Cerco a la consejera Belarmina Díaz y al Gobierno regional en el Parlamento tras el accidente de la mina de Cerredo que causó la muerte de cinco mineros el pasado 31 de marzo. El PP asturiano y Adrián Pumares, portavoz de Foro, del grupo mixto, registraron ayer en la Junta General la petición de una comisión de investigación para "investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente", según asegura el texto, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Todos los grupos han mostrado ya públicamente su apoyo a esta comisión, salvo el PSOE e IU, que conforman el Gobierno regional y cuyas relaciones atraviesan su peor momento en la actual legislatura.

Este movimiento, en el marco de la alianza parlamentaria del PP y Foro –Álvaro Queipo, presidente de los populares, y Pumares, portavoz forista, lo anunciaron ayer en una rueda de prensa conjunta–, se produce después de varios días de conversaciones con Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, cuyo voto es necesario para que este instrumento parlamentario vea la luz.

La propia Tomé fue la que abrió el camino: en una rueda de prensa de carácter urgente que se celebró hora y media antes de la comparecencia de PP y Foro, pidió la celebración de una comisión de investigación, estableciendo por tanto su apoyo a este instrumento.

La activación de la investigación parlamentaria, que el PSOE viene rechazando –la FSA eludió ayer pronunciarse–, llevaba ya días sobre la mesa y se activó definitivamente el pasado fin de semana, después de la comparecencia del viernes de la Consejera Belarmina Díaz, ex directora general de Minería en una comisión en la Junta, que fue criticada por todos los grupos excepto por los socialistas. Incluso IU tildó de "fallida" su intervención, colocando en el foco los posibles errores de la administración en torno a la explotación que hacía la empresa Blue Solving del yacimiento.

Los grupos habían sido hasta ahora cautos sobre la comisión, a excepción de Vox, el único partido que la pidió abiertamente, sin encontrar el respaldo inmediato de diputados de otros partidos. ¿El motivo? Que para activar esta comisión, teniendo en cuenta la actual configuración del Parlamento y las consecuencias de los movimientos que haga cada partido, son necesarias las alianzas. Para echar en marcha la investigación, la deben solicitar a la Junta el Consejo de Gobierno, dos grupos parlamentarios o nueve diputados. La Mesa decide después sobre la admisión a trámite: si transcurridos siete días ningún grupo se opone, la comisión se da por constituida; si por el contrario hay grupos en contra, la puesta en marcha se vota en el pleno.

Con este contexto, ni el PP ni Foro optaron por sumarse a la petición de Vox, al considerar que meter a este partido en la ecuación supondría la pérdida de apoyo en otros grupos (en especial el de Tomé, que daría el voto de la mayoría), y, por tanto, la previsible caída de la comisión. La estrategia pasaba por acercarse a Covadonga Tomé, cuyo voto sería fundamental en el Pleno de tener que votarse este órgano de investigación. Además, contar con el respaldo de Tomé podría suponer un movimiento de arrastre en IU, ya que parece complicado que el socio minoritario se oponga a una comisión de investigación que cuenta con respaldo mayoritario.

El camino hacia la comisión de investigación, de alto valor político, y en la que los comparecientes tienen la obligación de decir la verdad, ya está despejado. El calendario es el siguiente: el martes 22 la petición llegará a la Mesa de la Junta y, si algún grupo se opusiese, la misma se votaría en el pleno del día 30, previsiblemente.

Todo quedó resuelto ayer tras un día de mucha actividad en el Parlamento, con acontecimientos en cascada. A las 10.30 Tomé anunció su apoyo a una comisión; a las 12.00 PP y Foro comunicaron la puesta en marcha del escrito. Poco antes, a las 11.30 Vox, en boca de la diputada Sara Álvarez Rouco, dio la "bienvenida al sentido común" al resto de los grupos, en referencia a la comisión de investigación. Vox, paralelamente, registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas sobre las subvenciones recibidas por Blue Solving, compañía que explotaba la mina de Cerredo.

"Hace falta una comisión seria, rigurosa y ágil", destacó Tomé, que hizo especial hincapié "en los grupos progresistas, porque no se entendería que no la apoyasen". La diputada, además, adelantó que pedirá la presidencia de la citada Comisión. Álvaro Queipo y Adrián Pumares tomaron después el relevo de Tomé, en una comparecencia muy dura ante los medios, acusando a la FSA de intentar "tapar todo" y a Adrián Barbón de ser "cómplice" de una situación "dramática" por no cesar a la Consejera. Tacharon al accidente de "caso Belarmina Díaz".

Ambos diputados censuraron lo que consideran son "intentos de manipulación" por parte del Presidente, "usando sentimientos de forma torticera". "En el nicho de mi familia también hay un minero enterrado; no sé si estas son cuestiones que hay que sacar para tener más credibilidad, yo creo que no", dijo Queipo, que insistió en que "Asturias quiere respuestas". "Queremos saber y que no mueran más mineros", destacó. Pumares insistió Belarmina Díaz "debería haber sido cesada desde mucho antes, en cuanto se conocieron "conflictos de interés" y añadió: "Si yo fuese presidente y un consejero tuviese tal comportamiento en una comisión, el mayor interesado en cesarlo sería yo mismo".

Mientras los partidos refrendaban su posición se celebraba el Consejo de Gobierno, con una comparecencia posterior de Guillermo Peláez, portavoz del Gobierno, que se preguntó si Tomé sumaría "al PP y Vox" para pedir la comisión. El portavoz del Ejecutivo insistió en el "absoluto compromiso" del Gobierno para esclarecer los hechos. Además, aseguró que esa misma mañana había firmado la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Asturias y al Consejo General del Poder Judicial para que establezcan "un refuerzo" al juzgado de Cangas del Narcea que instruye el caso. n

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