La ocasión para la última vez

Si existe algún dolor real, tangible, auténtico y visceral en el accidente de Cerredo, ese reside en las familias de los cinco fallecidos tras una brutal explosión, probablemente causada por grisú, en una explotación minera ilegal. En la mañana del pasado 31 de marzo, Ibán, Rubén, Jorge, Amadeo y David se adentraban a más de un kilómetro bajo tierra en la oscura galería de la capa Anita del tercer piso de la mina de Degaña para extraer carbón de una rampa de menos de un metro de altura. Relataba la crónica de LA NUEVA ESPAÑA de aquella aciaga jornada el grito al cielo de una mujer, a un pie de la bocamina de la que salían con cuentagotas los cuerpos de los mineros: "¿Por qué ayer no me dijiste que era la última vez?". ¿Qué se habría hecho, qué no se habría dejado de hacer de haber sabido que ayer era la última vez para evitar un trágico accidente?

La dimisión de la consejera de Transición Ecológica e Industria, Belarmina Díaz, después de 16 días tras aquella negra mañana del último día de marzo cierra una escena en la que, sin duda, ha sido la mayor crisis política a la que se ha enfrentado el gobierno de Asturias del socialista Adrián Barbón. Cierra una escena, pero no clausura un capítulo. Belarmina Díaz, una ingeniera de Minas de indudable capacidad técnica y conocimiento de su área, decidió por voluntad propia (así lo trasladó en la Junta General) apartarse para "no ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia".

El ala socialista del Gobierno se enrocó en una gestión en tiempo lento de una crisis desatada por cinco muertes, por la constatación de una historia repetida, por la revelación de unas condiciones de trabajo de otro siglo y por un accidente inconcebible en cualquier sistema de control legal que funcione; en definitiva por la evidencia inapelable de que las sospechas reiteradas durante años sobre lo que se hacía en la mina de Cerredo eran reales y quedaron a la vista cuando la Guardia Civil y los inspectores de Minas comprobaron la realidad.

Lo que ha ocurrido aquí es que una empresa, Blue Solving, sobre la que pesa la sospecha de ser un trampantojo jurídico para seguir operando sin escrúpulos, fue capaz de burlar durante meses a la obligada responsabilidad de la administración, poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores. Lo que ha ocurrido aquí es que quienes debían velar para que eso no sucediera no lograron evitarlo.

La responsabilidad política va más allá de cumplir con el papeleo, más allá incluso de la carga penal o administrativa que determinen los jueces. Tiene que ver con un hecho indisoluble de la gestión pública: los dirigentes políticos, elegidos en las urnas o seleccionados por los cargos electos para llevar a cabo un servicio colectivo, solo tienen sentido y razón de ser si cumplen con ese objetivo. Si no lo consiguen es natural que el sistema demande otros actores que lo hagan.

Pero pasa que las dimisiones, ceses o pasos a un lado se han convertido en un elemento de cacería política, en lugar de ser algo natural e inherente a la gobernanza. Por esos equilibrios, tensiones, relaciones y anhelos que conforman el clima instantáneo de la política, la continuidad de Belarmina Díaz –más allá de su solvencia o capacidad, pero que había sido la responsable de la dirección de Minas desde 2017– , suponía un motivo de conflicto que podía hacer saltar por los aires el Gobierno de Asturias y llevar al Ejecutivo de Barbón a un callejón sin salida. Que haya sido ella misma quien adquiriese la consciencia de esta realidad dice más a su favor que de quienes debieron haberla aconsejado.

Ayer, en la Junta General del Principado, todos los grupos políticos, a excepción del PSOE, dijeron más o menos lo mismo, con independencia de los matices: si Blue Solving –una empresa que bien podría recibir los mismos calificativos que la administración que investigó el accidente de Cerredo de 2022 dirigió a la empresa que se ocultaba, a la postre, bajo su nombre ("quinqui, no normal")– había conseguido burlar la vigilancia de la administración es que algo falló. "Falló todo", llegó a afirmar tajante la diputada de IU Delia Campomanes.

La salida de Belarmina Díaz es un golpe de efecto del Ejecutivo que paradójicamente se produce un día antes de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, se someta a las primeras preguntas parlamentarias sobre el accidente. También una inevitable solución para tratar de poner freno a la comisión de investigación parlamentaria que a día de hoy cuenta con la mayoría suficiente para activarse en la Junta General y que podría desencadenar un proceso de revisión incómodo para los socialistas.

El PSOE ya estaba dispuesto desde el primer momento a votar en contra de su constitución; Izquierda Unida ha dicho también ahora que ve innecesaria esa indagación parlamentaria. La presión se dirige a Covadonga Tomé, la diputada del grupo mixto que es desde hace meses el único aliado posible para el Ejecutivo de izquierdas para lo que resta de mandato. La gestión ahora de este otro "problema" para el Gobierno, motivado por la tardanza en adoptar decisiones claras y mantener un discurso firme, determinará el clima para lo que queda de mandato.

Atribuir a la derecha un objetivo político de desgastar al gobierno resulta una cuestión de perogrullo. Cada partido persigue su estrategia; esperar lo contrario sería de una ingenuidad manifiesta. El fondo de lo que de manera clara la amplia mayoría de la Junta General trasladó ayer es que se necesita una revisión firme, profunda y determinante sobre las estructuras de una consejería que falló en lo esencial: que el Gobierno regional sea consciente en materia de seguridad minera de que hoy quizás sea la última vez para evitar lo que ocurra mañana. El resto ya será parte de las estrategias políticas, los discursos, los objetivos partidistas o los instrumentos democráticos, todos ellos legítimos e incluso naturales. El resultado será lo que importe, "caiga quien caiga".

Trocear la Consejería o elevar a Susana Madera, entre las opciones

El presidente del Principado, Adrián Barbón, busca cómo encajar la salida de Belarmina Díaz como consejera de Transición Ecológica en el esquema de su Ejecutivo. En círculos políticos próximos al Gobierno ya circulaban algunas opciones, como la de trocear un área que ya había nacido combinando la parte industrial con la ambiental o la de ejecutar un mero relevo en el asiento.

Así, una de las opciones pasaría por trasladar la parte relativa a Industria y Energía a la consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo que desempeña Borja Sánchez, recién incorporado al Ejecutivo tras recuperarse de un tumor de colon. Otra de las alternativas sería elevar a consejera a la actual Viceconsejera de Medio Ambiente, Susana Madera.

En todo caso, las quinielas parecen aún muy preliminares, según las fuentes consultadas, si bien Barbón quiere cerrar la crisis en cuestión de días. También como alternativas han circulado algunos nombres, como el del que fuera viceconsejero de Industria, Isaac Pola (apartado en la última remodelación), e incluso la recuperación de un veterano como Fernando Lastra. El reajuste en el Ejecutivo podría dar lugar también a una reasignación amplia de áreas y competencias. Sellar la crisis entre los socios del Ejecutivo y trasladar un mensaje de regeneración pasará, probablemente, por una remodelación profunda de la consejería que ocupaba Belarmina Díaz.

Suscríbete para seguir leyendo