Transición Justa y Abogacía del Estado avisaron: en Cerredo no se podía hacer actividad minera

El Instituto de Transición Justa y la Abogacía del Estado advirtieron en 2020 de que la venta de los activos de la Compañía Minera Astur Leonesa, titular de la mina de Cerredo, a la sociedad Combustibles Asturiana y Leonesa, propiedad de la misma familia dueña de Blue Solving, estaba sujeta a las condiciones establecidas por la Unión Europea relativas al cierre de explotaciones mineras, por las que resultaba imposible extraer mineral sin devolver las ayudas comunitarias. Con todo, la administración regional concedió en 2024 a Blue Solving un permiso que, a la postre, suponía la autorización para extraer 60.000 toneladas de antracita para una supuesta "investigación".

En un documento remitido el 13 de octubre de 2020 al juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo, encargado de tramitar el concurso de acreedores de la Compañía Minera Astur Leonesa (propiedad de Victorino Alonso), la entonces directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín Murillo, advertía de que el proceso de venta de las propiedades mineras podría estar sujeto a la devolución de las ayudas comunitarias al cierre de la explotación: "En caso de que no se produzca el cierre efectivo de dicha explotación se considerará que dichas ayudas son incompatibles con el mercado interior y que, por tanto, el beneficiario estará obligado a la devolución de las ayudas correspondientes a todo el periodo cubierto por el el plan de cierre", que se extendía entre 2011 y 2018.

De fondo están las dudas sobre si el Principado podía establecer un supuesto "proyecto de investigación complementaria" que, de facto, suponía la autorización para extraer hasta 60.000 toneladas de antracita para una presunto trabajo de explotación de usos ligado a materiales de carbono de alta calidad.

La Abogacía del Estado ratificó la posición de la administración estatal. Según un escrito remitido por la Agencia Tributaria al juzgado que dirimió la venta de los activos de la Compañía Asturiana Leonesa y al que ha tenido acceso este periódico, el abogado del Estado que actuó en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recalcó su voluntad de "adherirse" al pronunciamiento del Instituto de Transición Justa respecto a esta explotación.

Según la documentació que obra en este periódico relativa a la venta de la mina a la entidad Combustibles Asturiana y Leonesa, el notario que intervino en la transacción advirtió además de manera expresa a los adquirientes sobre las obligaciones inherentes a la compra, en particular en lo relativo al plan de cierre al que la explotación minera se encontraba acogida.

Con todo, el Principado terminó otorgando un "proyecto de investigación complementaria" a los últimos propietarios para explorar la extracción de material de antracita que, si bien no podía ser vendido, sí podía destinarse a una actividad que buscaba un posible beneficio económico con la operación.

Precisamente la fórmula jurídica que permitió al Principado autorizar una actividad extractiva en unas minas sujetas a cierre estará entre las principales incógnitas que deben despejarse respecto a la actuación de la administración autonómica en la concesión de unos permisos que, según empresas competidoras, suponían un paraguas legal y artificial para favorecer la extracción de carbón.

La administración autonómica tenía conocimiento de la situación de la empresa, de cómo se llevaba a cabo la transacción de compra-venta y bajo qué condicionantes al estar personada en el procedimiento concursal. No obstante, autorizó la transmisión de las concesiones mineras de Victorino Alonso a la sociedad Combustibles Asturiana y Leonesa, de la que era titular la madre del propietario de Blue Solving, la empresa que actuó de manera imprudente en Cerredo al extraer carbón de manera irregular y, presuntamente, incumpliendo las exigencias de seguridad laboral.

Otro de los interrogantes está en por qué el Instituto de Transición Justa concedió subvenciones vinculadas a una actividad indirectamente extractiva en Cerredo pese a haber advertido de la imposibilidad de llevar a cabo esas labores.

El facultativo de la mina había negado al juez que hubiera ingenieros disponibles para el cargo

La ya exconsejera de Transición Ecológica e Industria, Belarmina Díaz, señaló ayer en la Junta General que "si como parece" se extraía carbón de manera irregular en el tercer piso de la mina de Derredo, la responsabilidad estaría "en la empresa y en el director facultativo". Este último era José Antonio Fernández Casillas, secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas y quien ejercía de responsable técnico de la explotación. También lo era de la mina cuando esta estaba en manos de Combustibles Asturiana y Leonesa. Fue además quien participó en las reuniones que Blue Solving mantuvo con Belarmina Díaz, entonces directora general de Minas, antes de la autorización del permiso de investigación. Según la documentación a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, el propio Casillas informó al juez en 2021 (en calidad de representante del Colegio de Ingenieros Técnicos y en el momento en que se traspasó la titularidad de la explotación) de que no había ingenieros disponibles para hacerse cargo del plan de cierre de la mina. No obstante, terminó él mismo por ser el facultativo de Combustibles Asturiana y Leonesa y, luego, de Blue Solving. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la explicación del propio Casillas.

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