El accidente de Cerredo hace estallar la larga y soterrada guerra por el carbón: denuncias y lucha por los restos de un imperio

Un complejo entramado de empresas mineras privadas libra desde hace tiempo una soterrada guerra por la propiedad de explotaciones, licencias e incluso por los propios depósitos de carbón. Se trata de una encarnizada lucha que refleja el estado en que ha quedado la minería hullera tras la decisión adoptada por la Unión Europea en 2010 de clausurar aquellas explotaciones que no resultaban competitivas.

La batalla comenzó prácticamente con el inicio del proceso de liquidación de activos al concluir el plan de cierre de la minería: ventas de titularidades, disputas por la maquinaria y operaciones empresariales amparadas, en apariencia, en el simple desmantelamiento de las instalaciones. La mina de Cerredo se convirtió, de hecho, en un caso paradigmático de enfrentamiento judicial.

Aunque el negocio del carbón se ha reducido, principalmente por las políticas de descarbonización, los altos precios del mineral, su mezcla con carbón importado y las posibilidades de exportación a terceros países lo mantienen como un pastel todavía apetecible. Un pastel cada vez más pequeño, pero por el que se combate con demandas judiciales, denuncias administrativas y, tras el trágico accidente de Cerredo, también con escritos dirigidos a la Fiscalía.

El "troceo" gracias al que el carbón sigue siendo gran negocio: unos márgenes muy rentables que se multiplican si se mete producto irregular

Las denuncias antes del accidente

Quince días antes de la trágica mañana del 31 de marzo, en la que una explosión se llevó la vida de cinco mineros que extraían carbón ilegalmente en el tercer piso de la mina de Cerredo, en el llamado "grupo Mangueiro", la empresa Promining, vinculada al empresario leonés Victorino Alonso, denunció ante la dirección general de Minas y el Instituto de Transición Justa la actividad presuntamente irregular que se desarrollaba tanto en la mina de Cerredo como en la de Tormaleo, de las que Alonso fue propietario. Se trata de dos explotaciones ligadas a sendas empresas que pertenecen al mismo entramado familiar de Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes. La primera, Blue Solving, dueña de la mina de Cerredo, fue constituida en 2022 con 3.000 euros (el mínimo legal) y administrada únicamente por el hijo de Jesús Rodríguez Morán, Adrián Rodríguez Rodríguez. La segunda, Carbones de La Vega, tiene de administrador único a Rodríguez Morán y anteriormente estuvo en manos de su esposa, Ana María Rodríguez García. El creciente negocio de Rodríguez Morán como empresario minero se truncó al ser detenido por un alijo de casi 300 kilos de cocaína que llegó al Musel en un cargamento de carbón adquirido por una de sus empresas: Emergicar. La fiscalía le pide nueve años de cárcel y el asunto aún no ha sido juzgado, instruido por un juzgado de Orihuela. Tras el accidente de Cerredo, la denuncia administrativa de Promining se convirtió en escrito ante la Fiscalía. Pero esta denuncia se suma a otras más dirigidas al grupo empresarial de Jesús Rodríguez Morán.

Otro escenario: Laciana

La firma Cristal Mining Coal, en la que Jesús Rodríguez Morán aparece como administrador único desde 2023, quiso también abrir una mina en Laciana que había sido propiedad de Victorino Alonso y vendida después a una empresa del grupo Lamelas Viloria en 2017. Ese mismo año pasó a un empresario, dueño original de Cristal Mining, que terminó vendiendo la empresa y la mina en 2023 a Rodríguez Morán. Promining presentó una denuncia ante la Junta de Castilla y León, también argumentando que la explotación estaba sujeta al plan de cierre establecido por la UE. Ya habiéndose producido el accidente de Cerredo, el gobierno castellano-leonés anunció que faltaba documentación en la solicitud para reabrir la mina de Laciana y que la dejaba en suspenso.

Siguiente misil: la mina de Cangas del Narcea

Poco después, otra empresa, Special Anthracites, anteriormente denominada Natural Mining Resources (NMR), que explota una mina en Pilotuerto, denunció a la explotación que Tyc Narcea desarrolla en explotaciones adquiridas a la antigua Carbonar en Vega de Rengos (Cangas del Narcea). Por aquella denuncia, el Principado ordenó un cierre casi inmediato, aunque el propietario de Tyc Narcea –que asegura ser ajeno a las batallas del sector y csidera falsa la denuncia– ya ha justificado los datos de producción que el Principado ponía en duda y espera, en un plazo de días, la reapertura. MNR era la empresa que se asentó en El Musel con intención de dominar el mercado del carbón y terminó quebrada, investigada por supuesto fraude y acusada de la desaparición de 160.000 toneladas de carbón en el puerto gijonés.

Réplica del entorno de Rodríguez Morán

La respuesta bélica ha ocasionado también una denuncia ante la Fiscalía: Carbones del Río Nalón, empresa en el entorno de Carbones de La Vega, formuló hace días otra denuncia contra Special Anthracites con el mismo argumento: "Fraude al continuar la explotación" de una mina que supuestamente recibió ayudas al cierre y no devolvió. La denuncia insta a explorar si el Principado verificó el cumplimiento de la ley cuando la mina de Pilotuerto se traspasó de su anterior propietaria, Uminsa, propiedad de Victorino Alonso.

Ingeniería empresarial

El propietario de la explotación de Pilotuerto niega la veracidad de la denuncia con un argumento que muestra el complejo sistema jurídico-empresarial que ha operado en el sector. Así, en 2013, la mina de Pilotuerto pertenecía a Uminsa, propiedad de Victorino Alonso, pero entró en concurso voluntario de acreedores y transmitió ese mismo año los derechos mineros de explotación a Minerales del Bierzo, empresa que a su vez luego arrendó la mina a Uminsa. Al cesar ese arrendamiento, la explotación pasó a Prosimet, si bien Uminsa continuó como contratista, por lo que la empresa pudo acogerse a las ayudas por prejubilaciones y bajas incentivadas. Fuentes del entorno de Victorino Alonso aseguran que ni Minerales del Bierzo ni Prosimet recibieron ayudas al cierre de la explotación. Tras dos años de paralización temporal autorizada, Minerales del Bierzo terminó vendiendo la explotación a NMR.

La batalla por carbón apilado

Las pugnas entre empresas no se centran solo en concesiones y explotaciones, sino también incluso se disputan almacenamientos de carbón. También Victorino Alonso se ha enfrentado a Jesús Rodríguez Morán en el Bierzo, por la propiedad de 275.000 toneladas de carbón apilado en el pozo Alicia de Fabero y en el lavadero de Alinos, en Toreno. Allí, Minarsa –propiedad de Pedro Emiliano Román pero de la que es apoderado desde julio de 2024 Jesús Rodríguez Morán–, ha tratado de hacerse con el material en colaboración con otra empresa, García Munté. Victorino Alonso ha defendido que es el dueño del suelo y por tanto del carbón y el pasado febrero bloqueó con maquinaria la posible salida del mineral en camiones. Minarsa asegura tener la titularidad de los derechos del mineral tras el concurso de acreedores de Uminsa. Hace pocas semanas, Minarsa pudo hacerse con el carbón con la mediación de los ayuntamientos afectados.

Encarnizada pugna en un sector en retroceso: hasta en sus restos hay negocio

La batalla por los restos del sector minero de carbón guarda también relación con las ayudas recibidas la pasada década, las titularidades de explotación que no se clausuraron pese a decretarse el cierre de minas e incluso el negocio tras la recuperaciones ambientales de explotaciones de cielo abierto clausuradas que ejecuta Tragsa.

Una lenta agonía y un declive anunciado

El carbón europeo comenzó su largo proceso de decadencia ya en los años sesenta del siglo XX, cuando fue sometido a sucesivas reestructuraciones. A finales del siglo pasado, su declive se aceleró debido a la competencia del petróleo y el gas, así como a los precios más bajos del carbón importado. En un intento de sostener la industria, la Comisión Europea autorizó en 1993 ayudas estatales que subvencionaban cada tonelada de carbón producido, facilitando así su entrada en el mercado.

De recurso estratégico a lastre económico

Durante décadas, el sector carbonero europeo estuvo regulado bajo los principios del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), firmado en 1951, que permitía la intervención estatal en una industria considerada estratégica. Sin embargo, en 2002, el contexto había cambiado drásticamente. Europa se encontraba ante la necesidad de redefinir su política energética y revisar el régimen comunitario que afectaba al carbón. La competitividad del carbón europeo era ya muy limitada en el escenario internacional, con escasas excepciones como algunas explotaciones británicas. Ante esta situación, la Unión Europea promovió una racionalización del sector.

la reordenación del sector

La respuesta fue una profunda reestructuración industrial: fusiones empresariales, reducción de plantilla y concentración de la producción. En España, por ejemplo, en 1997 operaban 79 empresas productoras de carbón; para finales del año 2000, la cifra se había reducido a 51, una caída del 35 %. En paralelo, el Estado otorgaba ayudas al funcionamiento de las explotaciones, a la reducción progresiva de la actividad, así como a prejubilaciones y bajas incentivadas para el personal.

El giro definitivo: la decisión de 2010

En un escenario marcado por la insostenibilidad de las ayudas y por la apuesta por fuentes de energía más limpias, el 10 de diciembre de 2010 el Consejo de la Unión Europea adoptó una decisión clave: poner fin a las ayudas estatales a la producción de carbón y facilitar el cierre ordenado de las minas no competitivas. La Decisión 2010/787/UE estableció que las ayudas podrían mantenerse únicamente hasta 2018, con el fin exclusivo de acompañar el cierre de las explotaciones incluidas en un plan específico. En 2016, el Gobierno de España aún concedió una ayuda adicional de 10 euros por tonelada, duplicando las subvenciones previstas. Aquel año, las ayudas al carbón nacional ascendieron a 60 millones de euros.

Ayudas sí, pero solo para cerrar

El derecho comunitario fue claro: las ayudas ya no se destinaban a sostener la actividad, sino a cubrir los costes excepcionales del cierre, con el objetivo de evitar distorsiones de la competencia en el mercado interior. Esas subvenciones debían ser decrecientes y aplicarse únicamente a las unidades de producción cuyo cierre estuviese planificado de forma irrevocable. La definición de "unidad de producción" era precisa: se entendía como "el conjunto de lugares de extracción de carbón y las infraestructuras que les dan servicio, subterráneas o a cielo abierto, que pueden producir carbón bruto de forma independiente de otras partes de la empresa". Asimismo, se establecía que el "cierre" implicaba el cese permanente de la producción y venta de carbón. Si una unidad permanecía operativa más allá de 2018, debía devolver las ayudas recibidas.

El Plan de Cierre en España

En este marco, el Gobierno español diseñó un Plan de Cierre que recibió luz verde de la Comisión Europea en 2016. Dicho plan afectaba a 15 empresas mineras y a 26 unidades de producción activas antes de 2009. Las ayudas no solo cubrían la clausura, sino también los costes sociales y medioambientales derivados de la desaparición de la actividad.

Un epílogo encendido

Los rescoldos de un sector condenado al cierre crepitan ahora en batallas judiciales, pleitos por licencias, denuncias por rencillas históricas y disputa por las ayudas públicas recibidas. El carbón ya no combustiona en las centrales térmicas españolas, pero sigue ardiendo. n

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