Una dura sentencia obliga a las residencias geriátricas asturianas a modificar su presupuesto: 662.000 euros por daños

Una sentencia del Juzgado de lo contencioso número 3 de Oviedo, que obliga a Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) a pagar a la empresa de catering Albie SA la friolera de 662.628,40 euros en concepto de daños y perjuicios, ha obligado a una modificación de crédito para dotar de más fondos al Área de Régimen Jurídico y Asuntos General del organismo, para hacer frente a estas obligaciones, ya que sólo tenía asignados 200.000 euros.

Los 442.000 euros que se necesitan para pagar la condena se sacarán de las partidas asignadas a material informático no inventariable y a transporte. La empresa Albie SA fue contratada en el pasado para servir las comidas de diversos hospitales (el Álvarez Buylla de Mieres, el Central de Asturias, el de Cabueñes y el Valle del Nalón de Langreo) y centros escolares, como el CPR Riaño.

La diputada regional del PP, Beatriz Polledo, ve una muestra más de la "gestión nefasta que se arrastra de años" en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Para Polledo, "ya en 2023 había unas 30 sentencias condenatorias por impagos", añadió Polledo.

Polledo añadió que esta nueva sentencia demuestra "la forma de gobernar de esta consejería, el caos convertido en sistema". Según la diputada, "el modus operandi en esta Consejería, y todo lo que le rodea, es saltarse los procedimientos de contratación a la torera. El ERA es como un cortijo, donde los contratos se adjudican a dedo, sin garantías ni controles. El tiempo medio de pago de este organismo llega a más de 200 días, con cientos de facturas que superan de largo el año sin pagar. Eso no lo resiste una pyme".

Y dio más datos: "En 2024, en el ERA hubo varias modificaciones de crédito para pagar contenciosos por impagos, cuya partida inicial estaba dotada para este concepto en 25.000 euros, y que se disparó a 1,4 millones. La última modificación de crédito en 2024, de más de 100.000 euros, fue detraída de la partida de alimentos, mientras había multitud de quejas y denuncias por desabastecimiento en las cocinas, falta de productos básicos como leche, legumbres o pescado, en los centros residenciales y también en los centros de menores".

Nueva condena

Por otro lado, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha sido condenada a pagar 19.847,47 euros, más los intereses legales, a un arrendador de 90 años, cuyo inquilino fue declarado vulnerable y estuvo años sin pagarle el alquiler. El arrendatario interesó de la administración la compensación que establece la ley, pero se la denegaron porque el procedimiento estaba suspendido hasta el lanzamiento del arrendatario. Esta salida se produjo en julio de 2024, sin que la administración concluyese en expediente. Ahora la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA acaba de dar la razón al arrendador, cuyos intereses defiende el letrado Luis Olay Pichel, al entender que, al haber vencido el plazo máximo de seis meses sin notificarse resolución expresa, debe entenderse estimada por silencio administrativo.

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