"El aumento del gasto en defensa debe pasar por el Parlamento"

Sebastião Helvecio Ramos de Castro (Juiz de Fora, Brasil, 1946) es consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais y uno de los vicepresidentes del Instituto Rui Barbosa, organismo que integra los Tribunales de Cuentas de Brasil. Sus abuelos paternos proceden de Galicia y los maternos del País Vasco. Licenciado en Medicina y en Derecho, se inició como médico pediatra y fue secretario de Estado de Salud entre 1988 y 1989, periodo en el que se creó el primer banco de sangre público de Minas Gerais (Hemominas). Participa en Oviedo en el seminario internacional "El análisis de la eficacia, eficiencia y economía de las políticas públicas por los órganos regionales de control externo", evento organizado por la Sindicatura de Cuentas de Asturias y la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (Eurorai).

¿Es complicado someter a control económico a políticos tan significados como Lula da Silva o Jair Bolsonaro?

Los gobiernos brasileños lo han aceptado. Es una política de Estado, no una política de partido.

¿En Brasil pueden trabajar con libertad?

Con mucha libertad. Es un principio fundamental que el control externo sea absolutamente independiente, sobre todo en estos tiempos de polarización entre derecha y izquierda. Eso se ha respetado con todos los gobiernos. Nosotros no cambiamos con el Gobierno. Nos nombra el Parlamento y nuestro cargo es vitalicio.

¿Cuáles son las tendencias más recientes en el control de las cuentas públicas?

En los últimos diez años, los tribunales de cuentas nacionales y regionales de todo el mundo se han centrado en la evaluación de las políticas públicas. La rendición de cuentas y la evaluación de las políticas públicas avanzan en paralelo. Además de que el dinero se gaste de manera correcta, es decisivo que ese gasto mejore la vida de los ciudadanos. Es

importante que los tribunales de cuentas tengan un diálogo muy fuerte con la ciudadanía. No sólo deben centrarse en el interés público, sino también en el interés de las personas concretas.

En términos generales, ¿cuáles son los principales desafíos de los órganos de control económico?

Hay un estudio de dos expertos de la London School of Economics que establece una comparación entre los daños a los presupuestos públicos que generan el fraude y el despilfarro. Y concluyen que el fraude impacta un 19 por ciento y el despilfarro un 81 por ciento. Lo que significa que la ineficiencia es mucho más dañina que el fraude en términos cuantitativos. Por supuesto, también el fraude debe ser combatido por todos.

¿Y esa ineficiencia a qué se debe?

Inciden tres factores muy importantes: la toma de decisiones equivocadas; el no escuchar a los interesados; y la alteración de las prioridades, porque los recursos públicos son finitos y las demandas son infinitas.

El Gobierno de España va a aumentar el gasto en Defensa en casi 10.500 millones de euros y parece que la medida no va a pasar por el Parlamento…

Es fundamental que pase por el Parlamento, que se evalúe, porque es la voz de los ciudadanos. Y es muy importante que las personas que hacen las licitaciones de la adquisición pública tengan una capacitación profesional que garantice que se compra y se contrata bien. Importa mucho que quienes gestionan los contratos tengan una formación específica para hacerlo.

Está muy en tela de juicio la burocratización, a todos los niveles, de los contratos y procesos administrativos. Todo proceso con la Administración se eterniza...

No está justificado. Ahora es más fácil gestionar todo esto gracias a las tecnologías de la información. Hoy puede hacerse una monitorización en tiempo real de todos los pasos. La digitalización de las administraciones es fundamental.

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