El fin de las bodas en los juzgados de paz desborda los ayuntamientos asturianos: "Tendremos que dedicarnos solo a casar"
"Nos lo echan encima y encima sin preguntar", dice el alcalde de Llanera, donde ya hay hasta tres enlaces a la vez
El Consistorio de Castrillón tendrá que cuadruplicar ceremonias
La concejala de Llanera Montse Alonso oficia una boda. | P. T.
La ley de eficiencia de la justicia asegura la continuidad de los jueces de paz y les otorga nuevas competencias, pero también les retira otra muy importante: el registro civil. Es decir, ya no pueden casar. Esta medida supone una carga extra de trabajo para los ayuntamientos asturianos, que ya han empezado a notar los efectos. En Llanera, uno de los municipios de la región con más bodas civiles, tuvieron este sábado tres celebraciones a la misma hora. "Si el juez de paz casaba al mismo nivel que el Ayuntamiento, que desconozco la cifra, nos tendremos que dedicar solo a eso", apunta el alcalde, Gerardo Sanz.
El municipio rompió el año pasado todos los récords con más de un centenar de celebraciones civiles, pero los concejales no cobran ni siquiera dietas. Los novios tienen que pagar una tasa por la tramitación, pero ese dinero va directamente a las arcas del Ayuntamiento. "Es una carga de trabajo importante. Todo nos lo echan encima a los ayuntamientos y encima sin preguntar", critica Sanz.
En Castrillón, entre los oficiados por el juez de paz, 96, y los concejales, 30, suman un total de 126 enlaces en 2024. En el municipio tienen otro problema añadido: no disponen de una ordenanza que regule este tipo de celebraciones. Por tanto, no tienen ninguna tasa estipulada ni tampoco establecidos los días que se pueden llevar a cabo estas bodas.
El equipo de gobierno ya ha empezado a estudiar la creación de una ordenanza, aunque confían en que el legislador dé marcha atrás. "Hay rumores de que puede ser así y nosotros confiamos en ello. No solo por la carga extra de trabajo que supone para nosotros, sino porque los juzgados de paz hacen una labor excepcional y habría que reforzarlos, no quitarles competencias", defiende Nuria González-Nuevo, teniente alcalde.
En Carreño el número de enlaces civiles es mucho menor que en Llanera o Castrillón, pero en lo que va de año ya llevan una docena de solicitudes, lo que supone un aumento respecto al año pasado. Su alcalde, Ángel García, considera que "no hay inconveniente en que en los Ayuntamientos aumenten dichas peticiones. Celebrar matrimonios civiles es una de las acciones más agradables, pero creo que desde el Ministerio debería corregirse la nueva regulación y recuperar dicha competencia para los juzgados de paz, repartiendo las cargas y facilitando más opciones a la ciudadanía, tal y como estaba"..
En municipios más pequeños la medida no tiene tanto impacto. En Muros del Nalón, el alcalde Celestino Novo venía ya realizando prácticamente la totalidad de las bodas civiles del concejo. "El juzgado de paz hace la tramitación, pero el acto en sí de la boda lo suelo hacer yo y, si no puedo, la teniente alcalde", explica. En San Martín del Rey Aurelio la situación es similar. "Es un servicio más a los ciudadanos que estamos encantados de cumplir. Cuanta más gente se case y se quede a vivir aquí, mejor", indica su alcalde, José Ramón Martín Ardines.
Los enlaces civiles
La ley de eficiencia de la justicia completa la desjudicialización de los registros civiles, quitándole esta competencia a los jueces de paz. La medida les impide, por tanto, oficiar matrimonios civiles. A partir de ahora solo podrán hacerlo los concejales, o los alcaldes, y los notarios.
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Los concejales no cobran dietas por realizar este servicio, aunque muchos ayuntamientos tienen estipuladas tasas que varían dependiendo de si la celebración se realiza en la Casa Consistorial o deben desplazarse hasta el restaurante. Los precios pueden variar entre los 20 y 30 euros o los más de 100. Si se desea acudir a un notario el gasto puede ser aún mayor, alcanzado hasta los 400 euros.
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En Asturias, los matrimonios civiles vienen estando en los últimos años muy por encima de los religiosos. En 2023, registró un total de 3.492, un 3,4 por ciento menos que el ejercicio anterior, de los que 2.936 fueron civiles y 556, religiosos.
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