La economía sumergida mueve 4.000 millones al año en Asturias, casi tanto como el gasto en educación

El tamaño que se presume tiene la economía sumergida se ha reducido significativamente durante de las dos últimas décadas en Asturias, como también ha ocurrido en el conjunto de España y en la Unión Europea (UE). Considerado en relación al producto interior bruto (PIB), el valor estimado del conjunto de actividades así clasificadas se contrajo casi el 29% entre 2004 y 2022, de acuerdo con la más reciente tentativa académica de medición. La también llamada economía informal o irregular ha menguado pero sus números siguen impactando: más de 4.000 millones de euros anuales en Asturias y una merma para las arcas públicas (a través de la evasión de impuestos y cotizaciones) cercana al coste anual de la educación pública.

Diez investigadores de la Universidad de Murcia firman uno de los pocos trabajos –este encargado por el Consejo Económico y Social de la misma comunidad autónoma– que en los últimos lustros han incluido cálculos de la dimensión de la economía sumergida en las regiones españolas. El estudio parte de considerar como tal "el conjunto de actividades que, produciendo valor añadido, han sido deliberadamente ocultadas para su cómputo en la renta nacional". El concepto excluye las actividades realizadas por grupos criminales (tráfico de drogas, proxenetismo…) y se centra en las que "por sí mismas son legales, pero se convierten en ilegales cuando se ocultan a las autoridades" a fin de evitar el pago de impuestos, cotizaciones sociales y otras cargas. Utilizando una metodología (modelo MIMIC) análoga a la de un informe de 2022 realizado para la UE, los autores llegan a estimaciones como las que se explican en los siguientes puntos.

El tamaño

En los 18 años comprendidos entre 2004 y 2022, la economía sumergida ha pasado de una dimensión equivalente al 21,7% del PIB asturiano al 15,4%. El valor asignado a las actividades económicas opacas rondó en el último año citado los 4.100 millones de euros.

La posición

Con tales resultados, Asturias aparece por debajo de la media española (15,8%), siendo la octava comunidad con un registro más contenido. Las regiones con menos economía informal en términos relativos son Madrid, País Vasco y Cataluña. El mapa resultante vuelve a mostrar que los negocios y ocupaciones que escapan al control del Fisco tienen mayor peso en la España del Sur –Andalucía, junto con Canarias, encabeza el ranking, seguidas ambas de Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha–que en la del Norte.

Las causas

Ese perfil geográfico encuentra explicación siquiera parcial, según se infiere del estudio, en el nivel de riqueza y en la estructura productiva de los territorios. Los resultados corroboran la relación inversa que existe entre el tamaño de la economía sumergida y el nivel de desarrollo: cuanto más próspera es una región menor es su propensión al fraude y al empleo no declarado. Y dejan ver asimismo cómo esas actividades suelen pesar más allí donde tienen mayor relieve sectores como la agricultura y el turismo. La doctrina económica suele establecer además conexiones entre presión fiscal e intensidad de la evasión, que crecería cuanto más altos son los impuestos. La posición de Asturias parece distanciarse de las tesis que sitúan a la comunidad con una carga tributaria sobre ciudadanos y empresas significativamente mayor que en el resto de autonomías, o indica al menos que la diferencia no llega al punto de influir con claridad en la inclinación al fraude .

El agujero

El comentado informe hace también, para el caso de Murcia, un ejercicio de aproximación a los ingresos que los recaudadores públicos pierden por la economía sumergida, aplicando a su teórico valor monetario (sobre el que se estima además un margen de error de más-menos el 10%) la presión fiscal media que soportan las actividades sí reflejadas por el PIB. Para el supuesto de Asturias el resultado del ejercicio sería como sigue: considerando que el valor de los bienes y servicios opacos estaría entre 3.700 millones y 4.500 millones al año, la merma para el erario público se movería entre 740 y 900 millones. Esta última cantidad se acerca al gasto anual que el Principado realiza en la educación pública (unos 1.000 millones en 2024).

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