Asturias tiene un riesgo "cada vez más elevado" de perder la gestión de fondos europeos

La preocupación en el Parlamento Europeo aumenta de forma vertiginosa ante la posibilidad de que la gestión de los fondos europeos de cohesión, de elevada importancia para Asturias, se centralice en los Estados y no en las comunidades autónomas, como ocurre en la actualidad. "Hay un riesgo cada vez más elevado y la preocupación es máxima", coinciden varios eurodiputados especializados en cohesión de diferentes grupos políticos, de izquierda a derecha, presentes esta semana en Estrasburgo (Francia) durante el pleno del Parlamento, al que acudió LA NUEVA ESPAÑA en una gira de medios regionales.

El asunto de la cohesión es uno de los más repetidos entre funcionarios comunitarios, eurodiputados y miembros de la Comisión. Ayer mismo, el Parlamento rechazó oficialmente "la idea de la Comisión de reproducir el modelo de un plan nacional por Estado miembro" y pidió "una estructura que garantice la transparencia y la rendición de cuentas parlamentaria, e implique a las autoridades regionales y locales y a todos los agentes pertinentes".

Estos fondos de cohesión son claves para Asturias y, en el actual periodo (2021-2027), han supuesto inversiones por valor de 700 millones de euros en varios proyectos. La ampliación del Hospital de Cabueñes, por ejemplo, es uno de los beneficiados, entre muchos otros. El riesgo no es perder ese montante, sino que sea el Estado quien lo distribuya y decida en qué se gasta cada euro. Actualmente, son las comunidades autónomas las que tienen ese poder. Al principio de cada ejercicio, los Estados acuerdan con la Unión Europea (UE) el montante global que le corresponde a cada país. Posteriormente, son los propios Estados quienes cierran acuerdos con las comunidades. Así lo hizo el Gobierno central con las 17 comunidades autónomas tras la pandemia, transfiriendo la capacidad de decisión a las regiones.

Este modelo se aplica en los fondos de cohesión, ideados precisamente para beneficiar a los territorios más vulnerables. El funcionamiento actual genera una unanimidad poco habitual en España entre los dos principales partidos, PP y PSOE. Sin embargo, está ahora en riesgo, ya que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, ha propuesto un cambio en el modelo, creando un paquete único nacional. "Hay otra clave: se corre el riesgo de desviar fondos de cohesión hacia políticas de defensa, y eso sería un error histórico", advierte una eurodiputada del grupo de Los Verdes. Aunque la propuesta de la Comisión aún no es vinculante, ya hay eurodiputados movilizándose en el Parlamento para frenarla. En el último informe sobre el Marco Financiero, de hecho, se ha pedido un refuerzo presupuestario para la política de cohesión.

Asturias ha sido una de las primeras comunidades en mostrar un rechazo frontal a los cambios propuestos por la Comisión. Esta misma semana, Raquel García, directora general de Fondos Europeos del Gobierno regional, lo reiteró en el Comité Europeo de las Regiones, celebrado en Bruselas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, en su visita a Estrasburgo el pasado febrero, aseguró marcharse con "preocupación por este tema". La negociación aún se encuentra en su fase inicial, pero deberá quedar cerrada en 2026, de cara al próximo marco financiero.

En el caso del Principado, los 700 millones se distribuyen actualmente entre el Fondo Social Europeo (127 millones), los fondos FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (267 millones), y los de Transición Justa (más de 263 millones), estos últimos destinados a las comarcas más afectadas por el cierre de minas y la reconversión industrial.

En total, España ha recibido más de 37.000 millones de euros en fondos de cohesión, que posteriormente se reparten entre las comunidades autónomas. La propuesta de modificar el modelo actual forma parte del debate en torno al próximo marco financiero plurianual, que debe entrar en vigor a partir de 2028. La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo deberán definir durante los próximos meses si se mantiene el sistema de cogestión regional o si se da paso a una fórmula de planificación centralizada.

El proceso está en fase de propuestas y consultas. Las próximas decisiones dependerán de las negociaciones institucionales, los informes de las comisiones y las posiciones de los Estados miembros.

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