Más sombras tras el accidente minero de Cerredo: el Principado tramitó suspender una multa a la empresa antes de que lo pidiesen

La Consejería de Transición Ecologica se tomó dos años para sancionar por infracciones muy graves y graves a la empresa Combayl, propietaria de la mina de Cerredo, por el accidente mortal que se produjo el 25 de agosto de 2022; sin embargo resolvió suspender esa sanción –al estar el asunto inmerso en un procedimiento penal– solo 13 horas después de que la empresa lo solicitase utilizando ese mismo argumento jurídico. Lo cierto es que ya la administración llevaba días gestionando esa anulación. La entonces consejera Nieves Roqueñí firmó la suspensión casi a las 11 y media de la noche.

El Principado avisó de que en Cerredo no se podía sacar carbón, pero luego dio permiso

El expediente de la administración regional por el accidente minero de Cerredo de 2022 recoge las distintas velocidades que tomó la consejería de Transición Ecológica respecto a este grave asunto. El 25 de agosto de 2022, dos trabajadores de Combayl sufrieron un accidente en un camión. Uno de ellos falleció y otro perdió una pierna. Combayl había adquirido los derechos mineros de la explotación de Cerredo y tenían permiso para la restauración ambiental de la zona y recuperación de chatarra.

El primer análisis de los inspectores de minas del Principado en el lugar del accidente ya apuntaba que el camión contenía carbón extraído de la sexta planta de la explotación, donde no había permiso alguno para la extracción. Por ello, se informaba de la necesidad de iniciar un expediente informativo. Tras las pesquisas y el intercambio de información con la empresa, el informe sobre el accidente se terminó, por parte de dos inspectores instructores, el 21 de diciembre de 2022.

Sin embargo no fue hasta seis meses después, en julio de 2023 cuando Minas trasladó a los servicios jurídicos la solicitud para iniciar el procedimiento sancionador. Las infracciones apuntadas se referían a cuestiones de seguridad laboral, sin que hubiese alguna relativa a la extracción irregular de carbón.

Pero la apertura del expediente de sanción no se produce hasta 8 meses después: el 26 de marzo de 2024, momento en el que ya existe un documento elaborado por los servicios generales. El 30 de abril de 2024, a las diez de la mañana, Nieves Roqueñí firma el inicio del procedimiento sancionador y ese mismo día se informa de él electrónicamente a la empresa Combayl. Ya para entonces, Combayl (en manos de la mujer del empresario Jesús Rodríguez Morán) había transmitido los derechos a Blue Solving (de la que era titular su hijo).

La sanción sumaba 320.000 euros por una infracción muy grave y otra grave. La notificación señalaba que si la empresa desistía de recurrir y reconocía la responsabilidad y se acogía al pago voluntario, recibiría una reducción del 40%.

Casi de inmediato, los servicios jurídicos del Principado empezaron a trabajar para suspender la sanción. Dos días después de notificar el inicio del trámite sancionador, el 2 de mayo, la administración pidió información al juzgado de Cangas del Narcea sobre el procedimiento penal abierto, ya que la ley 1/1997 obliga a congelar las sanciones si el asunto está pendiente de causa penal. El juzgado comunicó con fecha de 6 de mayo asegurando que las diligencias estaban abiertas. El 10 de mayo, la instructora del expediente sancionador ya elaboró una propuesta de suspensión.

Es el 13 de mayo, a las 10.33 de la mañana, cuando la empresa Blue Solving solicita la suspensión de la sanción invocando el mismo artículo legal por el que ya se había comenzado a tramitar la anulación. Roqueñí firma esa anulación el mismo día, al filo de la medianoche. Al día siguiente los servicios regionales notificaron a Blue Solving la suspensión.

Dos meses antes de dar un permiso que permitía sacar carbón, el Principado aún refería que no era posible

En este periplo administrativo llama la atención un hecho: en todo el procedimiento de sanción, incluso en la notificación del 30 de abril de 2024, se recalca que el Grupo Cerredo está "en fase de cierre y clausura" incluyendo tanto la mina a cielo abierto como la subterránea. También se señala que "ambas unidades" están afectadas por el proyecto de restaración minera que promueve el Principado, por convenio a través del Instituto para la Transición Justa. Esas ayudas, reguladas por el real decreto 341/2021, impiden expresamente cualquier actividad extractiva de carbón en los terrenos. Un mes después, el 5 de junio de 2024, Blue Solving solicitó la aprobación de su Proyecto de Investigación Complementario paraextraer 60.000 toneladas de carbón. El 8 de julio de 2024, la consejería de Transición Ecológica, entonces aún en manos de Nieves Roqueñí, lo autorizó.

El PP dice que el Ministerio forzó la dimisión de Díaz

El senador del PP José Manuel Rodríguez aseguró que el Ministerio de Transición Ecológica forzó la dimisión de Belarmina Díaz. "Barbón acudió al Ministerio el 9 de abril, le pusieron firme y le dijeron que dimitiese alguien",

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