"Está claro que en el caso del accidente de Cerredo hubo fallos de la Administración"

Delia Campomanes (1984), diputada del grupo Convocatoria por Asturies-IU, es la vicepresidenta de la comisión de investigación en la Junta sobre Cerredo. IU la propuso como candidata a la presidencia en pleno choque con Covadonga Tomé (Somos), pero su opción terminó retirada para propiciar un acuerdo del bloque de izquierdas.

¿Para qué presentar una candidatura a presidir la comisión de Cerredo y luego retirarla para propiciar un acuerdo? ¿No habría sido mejor buscarlo desde un principio?

Sí, habría sido lo ideal, pero para nosotros la presidencia no era un objetivo político en sí mismo. Lo que creíamos que había que negociar desde el bloque de la izquierda era el objeto de la comisión y unos principios de funcionamiento que la hicieran transparente, ágil y rigurosa; sobre todo por respeto a las familias. También presentamos la candidatura por la trayectoria que hemos mantenido siempre de rigor en estas circunstancias.

¿Eso significa que había reticencias a que ocupase la presidencia Covadonga Tomé?

No. Creo que hubo errores de todas las partes y esta negociación debió haberse desarrollado antes, y establecer esos objetivos y ese marco de trabajo.

¿Y por qué no se negoció antes?

Ya le he dicho, tuvimos errores todos. Somos tres fuerzas políticas distintas. Ante un hecho de estas características, cada uno tiene su punto de vista y lo mejor hubiese sido limarlos desde el principio.

¿No había tacticismo al llevar hasta el último momento la situación y luego abocar al acuerdo?

Por nuestra parte no. Tuvimos una actitud proactiva desde el primer momento, con el objetivo de que salga la verdad, caiga quien caiga. Le recuerdo que instamos a que el Gobierno se presentase como acusación particular, a que se reforzase el juzgado de Cangas, a que se suspendieran los permisos de actividades en circunstancias similares… Es verdad que cuando dimitió la consejera Belarmina Díaz dijimos que se abría un nuevo escenario. También estábamos pendientes de la regeneración interna en la Consejería. Por tanto, no puede decirse que no estuviésemos comprometidos con la investigación.

Xabel Vegas, el portavoz de su grupo, dijo que ponerla a usted como presidenta de la comisión era garantía de que la extrema derecha no manipulase la comisión. Pues es vicepresidenta. ¿Sigue habiendo ese riesgo?

Lo que había era que garantizar que desde la izquierda gestionáramos el marco para evitar que la comisión se convirtiese en un instrumento electoral y político por encima de la voluntad por esclarecer la verdad.

¿Y como no había diálogo con Covadonga Tomé había ese riesgo por parte de ella?

Sin un acuerdo de los tres era más fácil que lo hubiese. Había que demostrar generosidad y llegar a ese objetivo. Lo que hay que resaltar es el resultado.

¿Quién fue más generoso?

Cada uno en la parte que le toca. Posiblemente había que dejar de lado los personalismos. Y hay que agradecer al PSOE que nos propuso a las dos, a Covadonga Tomé y a mí, y se quedó fuera de la mesa.

¿Costó el acuerdo?

Más tiempo del que debería.

Vayamos por partes. ¿Cuáles son los criterios comunes?

Que la comisión sea transparente y ágil. Que dure el tiempo que sea, pero evitar que los tiempos se gestionen de manera partidista y electoral.

Explíquese.

Tendrá que haber las comparecencias que tenga que haber y deberá durar lo que dure, que no puedo saberlo aún; pero hay que evitar que algún partido lo utilice alargándolo o acortándolo según sus intereses electorales y partidistas.

¿Cuál es el objetivo común?

Depurar. Que se asuman las responsabilidades políticas que haya, sean las que sean.

¿Y sobre el desarrollo?

Debemos establecer un plan de trabajo.

¿Y ese acuerdo no es una garantía encubierta para el Gobierno de que la comisión no será incómoda?

No, en ningún momento. Es independiente del Gobierno. Tiene que serlo.

Le digo dos frases. Una, "la comisión de investigación de la Junta será un circo"; dos, "le pedimos a Tomé que no sea la cooperadora necesaria de la extrema derecha". La primera es de Adrián Barbón; la segunda de Ovidio Zapico. ¿Eso no se interpreta como que PSOE e IU no querían esa comisión?

Lo que queríamos era acordar con Tomé ese funcionamiento para evitar que se convirtiera en eso, era un llamamiento al acuerdo.

Es cierto que IU exigió desde el principio el cese de la Consejera…

Sí, fuimos muy críticos con las comparecencias y antes ya dijimos que el Gobierno debía abrir puertas y ventanas a la investigación...

... pero tras el cese, se enfrió el interés de IU por la comisión.

Se abrió un nuevo escenario. Se habían asumido responsabilidades y fue importante en ese momento. Luego todo evoluciona. Y hay que recordar las otras indagaciones en marcha: la judicial, la administrativa y la técnica, en la comisión de Seguridad Minera.

¿Falló la Administración en el accidente de Cerredo?

Hombre, está claro que bien las cosas no se hicieron. Se desarrollaba una actividad no autorizada y, sí, hubo fallos.

¿Es la comisión el camino para averiguar esos fallos?

Sobre todo lo es la investigación judicial. Pero, evidentemente, creo que hubo fallos en la Administración y este es un instrumento político para analizar responsabilidades políticas.

¿Qué espera IU de la investigación parlamentaria?

Que sea rigurosa, ágil y ayude a esclarecer esas responsabilidades políticas. Hay que recordar que en marzo fallecieron cinco personas, pero ya hubo otro accidente con un fallecido en 2022. IU lleva tiempo demostrando la preocupación con esa explotación; basta ver la numerosas preguntas de nuestro grupo en Degaña. La trayectoria nos avala.

¿Es posible investigar al Gobierno sin erosionarlo al fin y al cabo?

Sí.

¿Cómo?

Siendo rigurosos, centrándonos en las responsabilidades que había en ese servicio.

¿Cómo valoran todo lo que pasó después? La dimisión de la consejera, la reorganización del área, los cambios realizados…

Habíamos dicho que era necesaria una regeneración, así que lo vemos bien. Hay que dar ahora un margen para ver cómo va funcionando todo. Se dieron pasos hacia esa regeneración.

¿Se debe llamar a declarar en la comisión a Jesús Rodríguez Morán, Chus Mirantes, el propietario de la mina?

Se tiene que llamar a comparecer a toda persona u organismo que esté directamente vinculado.

¿Y a Victorino Alonso?

Todo eso lo debe determinar la comisión…

¿Y a Adrián Barbón?

Debe ir a declarar quien tenga algo que aportar que sea esclarecedor.

La comisión tiene por objeto "analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente" de Cerredo. ¿Puede acabar, digamos, analizando la gestión en el puerto de Gijón?

No creo que ese sea el objeto de la comisión. Esa es una de las cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo: desde cuándo investigamos, el objeto y el marco. Por respeto a los muertos y sus familias.

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