Hasta 8 veces avisó la Guardería del Medio Natural sobre la mina de Cerredo

Informes del cuerpo señalaron ocupaciones sin permiso de montes públicos o vertidos de lodos por carbón almacenado, entre otras irregularidades

Entrada a la mina de Cerredo.

Entrada a la mina de Cerredo. / D. Á.

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

Hasta ocho veces, entre abril de 2022 y octubre de 2024, la Guardería del Medio Natural avisó de irregularidades en materia ambiental llevadas a cabo por la empresa que explotaba la mina de Cerredo. El Gobierno ha trasladado al grupo parlamentario del PP una lista de las inspecciones de este cuerpo en Degaña entre 2019 y 2025. Fuentes consultadas por este periódico identificaron al menos ocho referidas a actividades relacionadas con la explotación. En ese periodo, ni la empresa Combayl (titular de los derechos mineros entre el 21 de abril de 2022 y el 27 de noviembre de 2023), ni Blue Solving (que los adquirió en 2023) tenían permiso para extraer carbón.

Sin embargo, sus actividades despertaron el recelo de los funcionarios: se producían ocupaciones de montes comunales o vertidos por lodos procedentes de carbón almacenado. Así consta en las denuncias presentadas.

Como ya reveló LA NUEVA ESPAÑA, en uno de los informes, del 6 de septiembre de 2024, tras una ocupación irregular de terrenos en la zona donde se produjo el accidente en que, el pasado marzo, murieron cinco trabajadores, el funcionario conoció por uno de los trabajadores que se estaba preparando la zona "para más adelante sacar carbón". Incluso el dueño de la empresa, Jesús Rodríguez Morán, refirió que ese era el objetivo.

Las actas de la Guardería del Medio Natural constatan también cómo Combayl y Blue Solving operaban indistintamente. Así, en una comunicación del 4 de agosto de 2023, el funcionario avisa a la consejería de Medio Rural de que no ha sido informado sobre traspaso de derechos de ocupación del monte público para uso minero. El funcionario refiere que el 19 de julio de 2023, al habla con el facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas, le comunica que carecen de permiso para realizar trabajos en el monte. Posteriormente, el 3 de agosto 2023, el funcionario se reúne con Casillas en las oficinas de la empresa y el facultativo le muestra una solicitud de uso del monte, remitida por Combayl a la consejería de Medio Rural en octubre de 2022 y que "no había recibido respuesta". Para afirmar que todo estaba en regla, le exhibió un acta de inspección minera, realizada a Combayl por la actividad en Cerredo en julio de 2023.

Pero lo cierto es que para entonces la mina ya no era de Combayl, porque la empresa ya había formalizado notarialmente la venta de los derechos a Blue Solving, del mismo grupo familiar. Esa venta se firmó ante notario en febrero de 2023 y el Principado no tramitó el cambio de titularidad hasta noviembre de ese año.

La investigación en la Junta durará un año

La diputada Covadonga Tomé, que presidirá la comisión de investigación en la Junta sobre el accidente minero de Cerredo, afirmó ayer que el viernes se mantendrá la primera reunión de la comisión para acordar su funcionamiento. Tomé hará una propuesta que establecerá un horizonte de un año para las pesquisas, así como un calendario para la solicitud de información o la celebración de comparecencias. Según pudo saber este periódico, esa propuesta ha sido consensuada con los grupos parlamentarios de PSOE y Convocatoria-IU, tras cierto debate. Una de las condiciones está no solo en colocar el horizonte temporal de término de la comisión (12 meses), sino también establecer desde cuándo iniciar la investigación: el momento en que Combayl adquirió los derechos mineros en 2022. No se espera que haya inconvenientes para que se celebren sesiones en julio y enero.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents