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El Principado acusa al PP de copiar "aspectos clave" de su reforma fiscal en su propuesta

Hacienda ve en el último planteamiento de los populares "un intento de camuflaje" que sigue "las mismas recetas de siempre" y beneficia a las rentas más altas

Reforma fiscal PP

Reforma fiscal PP / LNE

Oviedo

El Partido Popular registró esta semana en la Junta una nueva propuesta fiscal con la que quieren plantar cara a las medidas planteadas por el Gobierno y en las que introducen novedades para mitigar los efectos económicos de la inflación. Para fuentes de la Consejería de Hacienda, se trata de "un intento de camuflaje" que sigue beneficiando a las rentas más altas y que "copia aspectos clave" de la presentada por los socialistas. El en Gobierno regional hablan, por ejemplo, de que el PP plantea subir un 10% los mínimos personales o rebajar un punto el primer tramo del IRPF, "algo que hasta ahora nunca habían contemplado".

La propuesta, inciden en Hacienda, "no mejora la progresividad del impuesto, al contrario que la del Gobierno, que beneficiaría a todas las rentas por debajo de los 55.000 euros, especialmente a las que llegan hasta los 35.000". Recuerdan estas mismas fuentes que es ahí donde se concentra el 80% de los contribuyentes asturianos. Entre 55.000 y 175.000 euros el IRPF no se vería modificado, con lo cual "no pagarán ni más ni menos". En cambio, las rentas más altas sí que tendrán, a petición de Convocatoria-IU, que contribuir más económicamente a partir del próximo año.

"Estamos ante la tercera propuesta del Partido Popular en apenas cinco meses, lo que es una clara muestra de que utilizan el debate fiscal como si fuese un mercadeo, y olvidan que detrás de los números hay personas y servicios públicos", critican. Es, insisten, "el PP de siempre con las mismas recetas de siempre".

El Gobierno del Principado estima que la propuesta de los populares supondría para la Administración autonómica una pérdida de ingresos de más de 172 millones de euros. En concreto, por el IRPF la región dejaría de ingresar 66 millones de euros, frente a los 38 en los que el Ejecutivo cuantifica su reforma.

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