Un texto genérico de 60 páginas bastó a la dirección general Minas para dar permiso en Cerredo
El facultativo de la explotación, Fernández Casillas, elaboró la memoria y él mismo firmó el visado del Colegio de Ingenieros Técnicos, del que era secretario
El carbón ilegal se extraía en Cerredo desde mayo de 2022, revelan vecinos y mineros
La empresa que extraía presuntamente carbón de manera ilegal en la mina de Cerredo, en la que cinco trabajadores murieron tras una explosión el pasado 31 de marzo, consiguió autorización para su Proyecto de Investigación Complementario tras presentar un documento de 66 folios de los que 54 tienen algún contenido: los otros 12 restantes son páginas en blanco o títulos de sección. El documento al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, fue suficiente para que la dirección general de Minas diese permiso a la empresa para extraer en un futuro hasta 60.000 toneladas de Carbón. La memoria técnica está firmada por el facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas, y apenas entra en concreciones sobre lo que la empresa Blue Solving pretendía hacer en Cerredo, y que suponía continuar extrayendo carbón del primer piso de la explotación, continuando las galerías ya existentes. Según la UE, la mina debe permanecer inactiva, tras haber recibido ayudas para el cierre en el año 2018.
Al menos cuatro ingenieros de Minas consultados por este periódico, con experiencia en explotaciones o en labores de control administrativo de minería, cuestionan el rigor del documento que el Principado sí consideró suficiente para otorgar en solo 33 días la autorización.
"Es una mera declaración de intenciones y copia pega de las escrituras, resoluciones administrativas y sistemas de sostenimiento y ventilación de la empresa que antes explotaba Cerredo, Hullas de Coto Cortés", asegura un técnico que trabaja en empresas mineras. "Es un proyecto muy pobre, con poco detalle técnico y ausencia significativa de cálculos; no es para nada frecuente encontrarse con esto", señala otro responsable técnico de una empresa minera. "No se indica ninguna prueba o estudio del material que se iba a extraer, que era el fin del permiso", señala otro ingeniero que ha elaborado numerosos proyectos en el ámbito de la minería.
El documento lleva fecha del 5 de junio de 2024 y fue registrado ese mismo día. El 8 de julio, la propia Belarmina Díaz, entonces directora general de Minas, firmó la aprobación del Proyecto de Investigación Complementario.
Resulta llamativo que el documento vaya también visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas, un trámite que no era obligado al estar titulado el autor; pero más relevante es que el propio Fernández Casillas firmase como secretario del colegio profesional el visado del proyecto que él mismo elaboró.
Una empresa del mismo grupo que la anterior titular que fue sancionada.
Poco margen deja para las dudas el documento sobre si Blue Solving era, en realidad, una firma instrumental de Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl), la empresa que en 2022 trabajaba en la mina de Cerredo en el momento en que se produjo otro accidente mortal vinculado al transporte de carbón presuntamente extraído también de manera ilegal. La memoria técnica lo señala claramente: "Indicar que Blue Solving forma parte de un grupo empresarial del que dependen entre otras sociedades, Carbones de la Vega, Cristal Mining y Combustibles Asturiana y Leonesa", señala explícitamente. Precisamente el gobierno regional ha insistido en que no sospechó que hubiese ninguna relación entre las dos empresas y que, en todo caso, esa razón no era suficiente para denegar la solicitud.
A la postre, el Proyecto de Investigación Complementario otorgado por el Principado venía a suponer un "paraguas" legal para una extracción que ya se producía, según la denuncia presentada antes del accidente por una empresa vinculada a Victorino Alonso. La constatación de que esa actividad extractiva irregular se producía quedó patente con el accidente del pasado marzo: el Principado tuvo que reconocer que se extraía carbón sin ningún permiso y en otra planta distinta a la que la administración había dado una autorización que aún no se había activado al faltar el plan de labores.
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