El Gobierno avisa a los profesores de que debe "garantizar la sostenibilidad" y hoy ofrecerá agilizar las sustituciones de bajas

Nueva propuesta del Principado. La mesa de negociación entre el Gobierno regional y los cinco sindicatos de la enseñanza (ANPE, CC OO, Suatea, UGT y CSIF) se reanudará hoy con otra oferta encima de la mesa: la agilización de las sustituciones de plazas vacantes y de trabajadores de baja. Se trata de una de las reivindicaciones de los docentes. La Administración se comprometerá a reducir los tiempos que actualmente rondan, de media, los 15 días desde que un profesor se queda de baja hasta que la Consejería de Educación envía a su sustituto. Una carga de trabajo añadida para el resto de la plantilla, que reclama de forma reiterada contar con relevos rápidos para estos casos. La medida también afectaría a cualquier tipo de vacante y a las jubilaciones.

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Se trata de un "compromiso" que se sumará a las propuestas ya planteadas en reuniones anteriores, enfocadas a la dotación de recursos humanos. A partir de las 10.00 horas, ambas partes tendrán la oportunidad de desbloquear un conflicto que encara su tercera semana de movilizaciones. En las ofertas anteriores, las planteadas el miércoles y el jueves, se prometía una dotación de 300 plazas de maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, la contratación de 30 auxiliares administrativos, la reducción de horario lectivo para los mayores de 55 años, la eliminación de la penalización por bajas de enfermedad y la reducción de ratios -en dos alumnos por aula-, entre otras medidas a las que mañana se unirá el compromiso de agilizar las sustituciones de los profesores. Una propuesta global "muy interesante en el plano pedagógico", dijeron tras el encuentro del jueves los líderes sindicales, pero que se rompió ante la negativa del Ejecutivo de aumentar su apuesta de 105 euros brutos más al mes de salario de forma genérica, 170 euros brutos para los de menos experiencia.

Habrá que esperar a las negociaciones de hoy para conocer si la Administración amplía o no su presupuesto para este punto salarial, que se ha convertido en "el principal escollo".

"Hay que garantizar la sostenibilidad"

"Un esfuerzo presupuestario muy importante". Eso es lo que el Principado dice que supone el paquete de medidas ofertado a los cinco sindicatos de la enseñanza. "Nuestra obligación es garantizar el Estado del Bienestar y la sostenibilidad de los presupuestos", dijo ayer el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que esta mañana volverá a reunirse con los representantes sindicales para "seguir haciendo propuestas" junto a la vicepresidenta, Gimena Llamedo.

Peláez subrayó que el Ejecutivo regional tiene "la mano tendida" y que "mantendrá el diálogo" a fin de alcanzar un acuerdo en virtud de la educación pública. "Nuestra oferta atiende a la diversidad con la incorporación de personal de apoyo y el cambio en los criterios de asignación en cada centro en función de sus necesidades", dijo. Y destacó que el incremento salarial de 105 euros brutos generales, 170 euros para aquellos que tienen menos de seis años de experiencia, "sitúa a los docentes con menor antigüedad en la media nacional y a los que tienen más de doce años trabajados, por encima".

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También quiso contestar a una de las dudas que surgen entre los docentes y las organizaciones sindicales: cómo y cuando entrarán en vigor estas medidas. Peláez explicó que se trata de propuestas que están "calendarizadas", en las que se especifica el curso en el que entrarán en vigor. Así, ejemplificó el incremento de 300 maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje que se hará de forma escalonada: "120 en el curso 2025-2026, 100 en el curso 2026-2027 y 80 en el curso 2027-2028". "Todas tienen una fecha para entrar en vigor y un presupuesto asignado", quiso matizar el Consejero.

Otra de las voces que apoyó en el día de ayer el paquete de medidas ofertado por el Gobierno regional fue la del secretario de Organización de la FSA, Luis Fernández Huerta, quien apeló a la "responsabilidad de los sindicatos para alcanzar un acuerdo que permita mejorar la educación pública asturiana". Considera que se trata de un "objetivo compartido" y que el Ejecutivo autonómico está "comprometido". 

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"El Gobierno ha planteado medidas muy importantes para fortalecer el sistema educativo", señaló. Y puso en valor el "esfuerzo", que considera es "muy relevante" y "acorde a la sostenibilidad presupuestaria imprescindible para mantener unos servicios públicos de calidad". Algo que ya dijo el propio presidente regional, Adrián Barbón, el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes: "Como Gobierno debemos tener una visión general de toda la situación financiera asturiana y de la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar". Un argumento sobre el que se fundamenta la oferta de la Administración, cuyo paquete de medidas ascendería a unos 40 millones de euros en distintos ejercicios presupuestarios (ya que algunas se implantarían a partir de 2026-2027). 

El Partido Popular manifestó la semana pasada la disposición a apoyar un crédito extraordinario que pueda financiar las medidas acordadas con los docentes (si llegase el caso). Un ofrecimiento al que el consejero de Hacienda contestó ayer. "Técnicamente, el crédito extraordinario no es la figura para tratar una mejora estructural de nuestro sistema educativo", comenzaba Peláez, que "da por hecho" que los populares "respaldarán el acuerdo al que lleguen con los profesores" y, en consecuencia, que "aprobarán los presupuestos de 2026, donde se van a incluir todas esas propuestas que ha hecho el Gobierno del Principado de Asturias". 

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