El "lastre" de la burocracia: los profesores tienen que justificar hasta la plastilina que usan

Es unos de los grandes clamores de la protesta docente: reducir la burocracia. Un "lastre" que cada vez es más elevado y que aleja a los profesores de su verdadera labor, la de enseñar. Muchas veces, esta carga va acompañada de una "falta de recursos". A continuación, se exponen algunos casos de papeleo que ralentiza el trabajo cotidiano en los centros educativos.

Compra de material

Clase de segundo de Primaria. Lección sobre el sistema solar. La maestra trata de enseñar de una forma sencilla los astros haciendo un planetario para el que se necesitan cartulinas y plastilina. Si se rige por la norma, debe ir a la secretaría del colegio, pedir una autorización para la compra de esa plastilina y esperar a que sea tramitada. Hay una segunda vía, que es la de comprar el material y presentar el ticket en la Administración, rellenando formularios para que, en caso de que la petición sea aceptada –semanas después–, le devuelvan la cuantía, que no supera los ocho euros. Como esa profesora de segundo de Primaria quiere dar la clase, enseñar los planetas y hacerlo de una forma entretenida para los alumnos, opta por comprarlo ella y evitar todos los trámites oficiales. Lo mismo ocurre si se acaban las tizas, los rotuladores o cualquier otro material.

Expulsión de un alumno

"Si expulsamos de clase a un alumno el castigo es para nosotros", ironiza una profesora de Secundaria. El proceso, que puede parecer simple ("fuera de clase por molestar"), se convierte en una auténtica odisea. Tras la expulsión, vienen los documentos que la "justifique". Un formulario en el que el profesor debe explicar qué se estaba haciendo en clase, qué hizo el alumno expulsado (en caso de molestar a compañeros debe especificar el nombre de esos compañeros y qué hacían también ellos), a qué hora fue y cómo medió el profesor antes de llegar a la expulsión. Cuando todo ese informe está redactado hay que hacer tres copias: una va para la secretaría del centro -"colapsada por papeles similares", dicen los docentes-, otra para el tutor del chaval expulsado y una tercera para la familia, a la que el docente debe llamar para explicar lo ocurrido. En caso de que la familia no comparta la decisión del docente, continúa la carga burocrática con una justificación ante Inspección Educativa.

Revisión de un examen

Un niño suspende un examen. Sus padres van a reclamar. En caso de no llegar a un entendimiento con el profesor, las familias pueden reclamar ante la Consejería de Educación, lo que lleva aparejado una inspección en la que el docente tiene que preparar un dossier con cerca de 50 folios explicando el contenido y la motivación de la prueba. Ejemplo: examen de Lengua y Literatura. Pregunta sobre la Generación del 27. En el informe que el profesor entregue al inspector de la Consejería, debe estar detallado cuándo y cómo impartió la clase sobre los poetas y, además, tiene la obligación de justificar que esa pregunta es importante para el aprendizaje del alumno. Una especie de "examen" para los profesores que tienen que desarrollar detalladamente su criterio ante la Administración.

Planificación de clases extraordinarias

Tercero de la ESO. Clase de Biología. Una docente cuenta que "es muy interesante para ellos dar clase en el laboratorio y poder diseccionar, por ejemplo, corazones de vaca o cerdo, que se compran en una carnicería. Esto, que parece sencillo y que podría organizarse como parte de la planificación que el profesor tiene para esa semana, acarrea, nuevamente, papeleo. Lo primero es que esa clase "extraordinaria" debe estar descrita en la memoria que los educadores preparan al inicio de curso sobre cómo se impartirá su asignatura. O, lo que es lo mismo, en septiembre deben especificar que en noviembre irán al laboratorio. Lo segundo porque, al igual que el primer ejemplo expuesto en este texto, es altamente probable que el material para el laboratorio lo acabe comprando el profesor a fin de evitar presentar facturas y rellenar papeles.

Banco de libros

El banco de libros es una iniciativa que la Administración pone a disposición de los alumnos y sus familias para que este recurso pase de generación en generación. Para ello, los alumnos, en septiembre, reciben los libros que necesitarán ese curso junto a una serie de papeles que acreditan en qué estado se le entregan los ejemplares y de qué asignaturas. Entre el 16 y el 20 de junio, los tutores son los encargados de recoger nuevamente esos tomos, comprobar que la devolución corresponde con lo apuntado en los papeles y revisar todos los volúmenes, página a página, cerciorándose de que están en buen estado. Es decir, un tutor que tenga 20 niños, con 5 asignaturas, deberá de revisar cada junio un centenar de libros.

Orientadores

Los profesores apelan estos días también a que, en la negociación, debe pactarse el incremento de personal de apoyo en departamentos como los de orientación (normalmente hay un orientador por centro). Enviar a un niño o adolescente al orientador suele correr a cargo del tutor, una vez ha detectado "anomalías" en el aprendizaje de los alumnos. Los docentes relatan circunstancias de todo tipo: familias vulnerables, problemas con el lenguaje al proceder de otro países, tendencia suicidas, problemas conductuales... Esa primera evaluación la hacen los profesores, elaborando un informe de los rasgos y comportamientos del menor. De ahí, se deriva al orientador, que deberá reunirse con el estudiante a fin de valorar su caso particulares. Casos que "van en constante aumento" de unos años a ahora, colapsando el departamento. Un ejemplo más de lo que los docentes han tratado de explicar durante estas jornadas de protesta a fin de que la sociedad entienda a qué se refieren con "falta de recursos" y "exceso de burocracia".

Suscríbete para seguir leyendo