Jueces y fiscales vuelven a protestar, esta vez contra las reformas que modifican el acceso a la judicatura y refuerzan el control de la Fiscalía

Realizarán una concentración ante los Juzgados de Oviedo, Gijón y Avilés a mediodía

Jueces y fiscales en una concentración ante los Juzgados de Oviedo en 2018.

Jueces y fiscales en una concentración ante los Juzgados de Oviedo en 2018. / LNE

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Jueces y fiscales se concentrarán este miércoles a mediodía ante los Juzgados de Oviedo, Gijón y Avilés contra la reforma del acceso a la judicatura, que según el Gobierno pretende democratizarla, aunque los magistrados consideran que es un ataque a la independencia judicial, así como contra el nuevo estatuto fiscal, que aunque entrega a la Fiscalía la instrucción de los casos, “incrementa el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos ni mecanismos internos que aseguren el ejercicio independiente de la labor investigadora”.

La protesta está amparada por tres de las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial “Francisco de Vitoria” y Foro Judicial Independiente, sin que la apoye la progresista Jueces y juezas para la Democracia). También apoyan la concentración la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Tras analizar los dos proyectos de ley del Gobierno, las citadas asociaciones decidieron informar a instituciones nacionales e internacionales del “grave impacto que dichas reformas pueden tener sobre la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y el Estado de Derecho”. Las asociaciones han solicitado “expresamente la retirada del citado Proyecto de Ley (de reforma del Poder Judicial), al entender que incorpora medidas altamente perjudiciales, no responde a una demanda social real y no soluciona los problemas estructurales de la justicia, sino que los agrava, aumentando el riesgo de politización del sistema y debilitando los valores constitucionales”.

Y tras analizar el anteproyecto de reforma del Estatuto Fiscal, las asociaciones consideran que “representa una oportunidad perdida para garantizar una verdadera autonomía funcional de la Fiscalía”, y que “lejos de blindarla frente a injerencias políticas, el texto incrementa el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos ni mecanismos internos que aseguren el ejercicio independiente de la labor investigadora”. Por ello piden su retirada y la apertura de un proceso de elaboración participativo con todas las asociaciones fiscales.

Por otro lado, interesan “el cumplimiento de los acuerdos alcanzados el 23 de mayo de 2023, por los que se desconvocó la huelga anunciada entonces”, e instan “a una amplia y sostenida convocatoria de plazas en los turnos libre y cuarto turno”. Esta medida, añaden, “resulta imprescindible para afrontar las jubilaciones masivas, reducir la carga de trabajo y garantizar una justicia de calidad y con tiempos razonables”.

Aparte de la concentración de este miércoles a mediodía, jueces y fiscales han enviado “informes técnicos al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa (GRECO y Comisión de Venecia), denunciando cómo ambas reformas comprometen la independencia judicial y la separación de poderes”. Jueces y fiscales apelan a la sentencia del TJUE en el asunto Repubblika (C-896/19), que establece el principio de no regresión en materia de independencia judicial Advierten que las reformas propuestas vulneran este estándar europeo, debilitando pilares esenciales del Estado de Derecho, y soliditan que estas instituciones tomen conocimiento formal de la situación, evalúen el impacto de las reformas en la independencia judicial y separación de poderes, y consideren la activación de los mecanismos de supervisión pertinentes.

También han remitido informes “a todos los grupos parlamentarios, al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores, a la Asociación de Abogados del Estado y a otras entidades clave, para exponer los riesgos institucionales que entrañan los proyectos de reforma”. Y plantearán la impugnación judicial del “proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, en caso de que continúe su tramitación en los términos actuales, comprometiéndonos a asumir los costes de forma conjunta”.

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