Un sindicato de profesores se desmarca y no ratificará el preacuerdo con el Principado para poner fin a la huelga

Los afiliados de CSIF rechazan las medidas acordadas este martes e invitan al Gobierno de Barbón a seguir negociando

Concentración de profesores frente a la consejería de Educación el pasado domingo con los sindicatos en primera línea.

Concentración de profesores frente a la consejería de Educación el pasado domingo con los sindicatos en primera línea. / Mario Canteli / LNE

Oviedo

Era algo previsible, y este miércoles ha quedado constatado. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha anunciado que no ratificará lo acordado con el Principado tras la consulta realizada entre sus afiliados. El resultado ha sido claro: un 68% de los asistentes a la asamblea han votado en contra de apoyar las medidas planteadas por el Gobierno de Barbón.

Si bien la huelga ha sido ya desconvocada y no puede reanudarse en el marco actual, CSIF "mantiene intacto su compromiso de seguir trabajando por la mejora real de las condiciones laborales del colectivo". "La voluntad expresada por nuestra afiliación nos refuerza en nuestra posición y orienta nuestra acción sindical hacia una negociación más ambiciosa", afirman. Por tanto, invitan al Gobierno del Principado de Asturias "a continuar negociando de manera abierta y constructiva, con el objetivo de alcanzar unas condiciones laborales que resulten satisfactorias para todas las partes implicadas". En esta línea, reiteran su disposición al diálogo, "siempre desde el respeto a los principios que nos han traído hasta aquí: justicia, equidad y dignidad profesional".

Precisamente, CSIF había planteado esta mañana a la Junta de Personal Docente y al resto de sindicatos, la organización urgente de una consulta online, a celebrar mañana miércoles 11 de junio, dirigida al total del profesorado asturiano. Consideran que el preacuerdo "no resuelve cuestiones esenciales ni responde de forma clara a muchas de las reivindicaciones planteadas por el colectivo docente”. Por tanto, “no puede ser interpretado como una solución satisfactoria al conflicto que ha motivado semanas de huelga y movilizaciones masivas en el sector educativo”.

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