Jueces y fiscales arrancan un aplauso en Oviedo por su defensa de "un poder judicial fuerte" y una "Fiscalía imparcial y autónoma"

Medio centenar de jueces y fiscales se concentraron este miércoles a mediodía ante los Juzgados de Oviedo para exigir al Gobierno que detenga las reformas de acceso a la judicatura y del estatuto del ministerio fiscal. Lo que para el ministro de Justicia es una reforma para "democratizar" la Justicia, para jueces y fiscales es una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial que amenaza el Estado de Derecho. La magistrada Marta Huerta fue la encargada de leer el manifiesto de las cinco organizaciones convocantes, tres de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial “Francisco de Vitoria” y Foro Judicial Independiente, no la progresista Jueces y juezas para la Democracia), y dos de fiscales, Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que fue saludado con un aplauso por las numerosas personas ajenas a la judicatura y la Fiscalía que acudieron a la concentración. Jueces y fiscales advirtieron que irán a la huelga si no se retiran los lesivos proyectos de ley.

Entre los presentes, y a título particular, se contaban el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro; el nuevo presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo; el presidente de la sala de lo social del TSJA, José Luis Niño; el expresidente de la Audiencia y magistrado de la sala de lo civil y penal del TSJA José Antonio Soto-Jove; y las magistradas Covadonga Vázquez, María Luisa Barrio, María Luisa Llaneza y Elena González entre otros. Por el ministerio público destacó la presencia del fiscal delegado de menores, Jorge Fernández Caldevilla, entre otros integrantes de la Fiscalía asturiana.

La magistrada Marta Huerta indicó que "la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas". "Entre estas se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro", añadió.

El proyecto para modificar el acceso a la judicatura, "tramitado injustificadamente por vía de urgencia, es un proyecto que no responde a demanda social alguna. Además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Así mismo, y entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país. Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal", leyó la magistrada.

"Con el segundo anteproyecto, se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción", continuó Huerta.

Para jueces y fiscales, "todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos".

Y añadieron: "La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país. No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder".