Un centenar de jueces y fiscales sale a la calle en Asturias ante la amenaza del Gobierno a la independencia judicial

Un centenar de jueces y fiscales –y unas 200 personas ajenas a la judicatura y al Ministerio Público– clamaron ayer en Asturias contra la "reforma Bolaños", los dos proyectos de ley que modifican el acceso a la judicatura y del estatuto del ministerio fiscal. Lo que para el ministro de Justicia busca "democratizar" este poder, para jueces y fiscales es una "injerencia" que amenaza el Estado de Derecho. Los togados se concentraron ante los Juzgados de Oviedo, Gijón y Avilés, donde leyeron un manifiesto en el que advierten de que irán a la huelga si el Gobierno no da el brazo a torcer. En las tres sedes, arrancaron los aplausos de los ciudadanos presentes. La convocatoria partía de tres organizaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial "Francisco de Vitoria" y Foro Judicial Independiente), y la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. No secundaron Jueces y Juezas para la Democracia ni la Asociación Progresista de Fiscales. A nivel nacional, fue un éxito: se concentraron hasta los magistrados del Supremo, por primera vez. Isabel Perelló, presidenta de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial, exigió el "cese de las presiones intolerables" sobre los jueces.

En la protesta de Oviedo pudo verse, a título particular, al presidente del TSJA, Jesús María Chamorro; al nuevo presidente de la Audiencia, Antonio Lorenzo; al presidente de la sala de lo social del TSJA, José Luis Niño; y a los magistrados José Antonio Soto-Jove, Covadonga Vázquez, María Luisa Barrio, María Luisa Llaneza y Elena González, entre otros. También hubo fiscales, como el de menores, Jorge Fernández Caldevilla.

La magistrada Marta Huerta, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue la encargada de leer el manifiesto en Oviedo. La reforma del acceso a la judicatura "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal". Otras medidas, como "meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces", pretenden crear un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno, "con riesgo de selección ideológica". Lo que más rechazo genera es que se convierta en jueces y fiscales a 1.300 sustitutos, "sin pruebas que midan su aptitud, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para ser juez o fiscal". La reforma del estatuto fiscal incrementa las competencias del Fiscal General del Estado, que seguirá siendo nombrado por el Gobierno. A la vez, se eliminan garantías de autonomía de los fiscales, con mayor "riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

Todo en un clima "de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia". Las reformas "van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder maleable".

En Gijón, se concentraron una treintena de jueces y fiscales, con el respaldo de un centenar de ciudadanos, ante las puertas del Palacio de Justicia. "Esta misma tarde habrá una reunión por parte de los convocantes, donde se valorarán las posibles medidas a tomar si no hay una respuesta del Gobierno", dijo Luis Ortiz Vigil, magistrado de la Audiencia, tras la lectura del manifiesto, en la que también intervino Fernando Ruiz Llorente, portavoz de la Asociación Judicial "Francisco de Vitoria".

Tanto Ortiz Vigil como el fiscal jefe de Gijón y delegado en Asturias de la Asociación de Fiscales, Alberto Rodríguez, lamentaron los ataques al poder judicial desde el ámbito político. Rodríguez subrayó que las reformas "no vienen a solventar problemas, sino a agravarlos" y criticó que se haya cruzado "una línea roja" al acusar de prevaricación a jueces sin haber leído siquiera las resoluciones. "Se puede discrepar de una decisión judicial, para eso están los recursos, pero no se puede permitir el ataque personal a los jueces", remarcó. Vigil añadió que "este no es un problema de derechas, izquierdas o centro, sino de decidir qué tipo de jueces queremos tener, independientes y únicamente sometidos al imperio de la ley".

También hubo concentración a las puertas de la sede judicial avilesina. "No descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga", avisaron los jueces y fiscales, al tiempo que reclamaron "una masiva creación de plazas judiciales y fiscales para mejorar la rapidez y calidad". Medio centenar de personas mostraron su apoyo a los togados "en la defensa y protección del Estado de Derecho".

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