El Gobierno escalonará la declaración de las 16 zonas tensionadas

El PP critica el abuso de contratos menores

La ley LGTBI se presentará en "semanas"

Zonas tensionadas.

Zonas tensionadas. / LNE

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

La declaración en Asturias de 16 zonas tensionadas en vivienda se hará de forma escalonada y comenzará antes de que acabe el año, afirmó ayer el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. Estas zonas afectarán a seis concejos (Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón y Cabrales) y la aplicación será gradual por la complejidad de cada caso. Además, por seguridad jurídica, de modo que una reclamación sobre una de ellas no afecte al resto.

En el transcurso de la comisión parlamentaria de su área, Zapico también aseguró que espera que el Consejo Consultivo presente de forma inminente el dictamen que será el paso previo para regular la ubicación de instalaciones de almacenamiento energético en suelo no urbanizable. El diputado del PP, Manuel Cifuentes, criticó la "inoperancia" del Ejecutivo.

El consejero afirmó, además, que está previsto aprobar en las próximas semanas el proyecto de ley LGTBI, un compromiso del Gobierno para esta legislatura. Preguntado por la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, afirmó que ya existe un borrador y que el texto legal perseguirá "cerrar una deuda histórica con los colectivos". Tomé criticó los retrasos que ha sufrido este texto legal, sobre el que ya se hicieron promesas en 2022.

El consejero fue luego interpelado en varias ocasiones por el diputado del PP José Agustín Cuervas Mons. Primero, el popular criticó el elevado número de altos cargos y personal de confianza de su consejería (16) y cuestionó que la mayoría de ellos procediesen de la órbita del partido.

Zapico consideró "adecuada" la estructura de su consejería y bromeó al afirmar: "No esperará usted que sean del PP; para eso tendrán que ganar las elecciones".

Cuervas Mons también cuestionó que la Consejería haya recurrido a contratos menores para la redacción de dos proyectos de ley: Participación Ciudadana y Vivienda. El primero fue encargado a la Universidad de Oviedo y el segundo a la de Santiago de Compostela (18.000 euros cada uno). Cuervas Mons se sorprendió de que en la administración autonómica "no hubiese personas con conocimiento en el asunto". Zapico replicó que el personal de su consejería estaba a labores de gestión diaria y justificó los contratos menores por recurrir a los principales especialistas.

Por último, Cuervas Mons se interesó por el conocimiento que Zapico tenía como vicepresidente de Sogepsa de la demanda por acoso presentada por una trabajadora. Mons recordó que en esa denuncia se apuntan graves irregularidades, vinculadas a empresas específicas, con supuesta falsedad de certificaciones o contratos continuados. Zapico reconoció haber sabido del asunto por CC OO y afirmó que su participación en las decisiones de Sogepsa sobre ese asunto habían sido nulas, más allá de instar a la entonces presidenta, Belarmina Díaz, a que convocase elecciones sindicales.

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