Adjudicaciones a dedo en Asturias y Murcia apuntan contra Pardo de Vera

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera adjudicó a dedo el 2 de octubre de 2019 un contrato de emergencia de 605.000 euros a Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a la trama de Koldo García y Santos Cerdán. Se trata de un caso semejante al ya conocido de una obra ferroviaria asturiana (reparación de deslizamientos en una línea de la antigua Feve, entre Gijón y Pravia), asignada también por el procedimiento de emergencia a otra empresa investigada, Levantina, Ingeniería y Construcciones (LIC) y con un valor igualmente cercano a los 600.000 euros.

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El objeto del contrato de Murcia era la actuación en vías férreas interurbanas, dependientes de la Jefatura de Mantenimiento de Albacete, por "la emergencia por daños ocasionados por las intensas lluvias de los días 11,12,13 y 14 de septiembre", tal y como recoge el anuncio de la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El procedimiento, negociado sin publicidad, fue una tramitación de emergencia, una motivación recogida en el artículo 120 de ley 9/2017. Este régimen excepcional permite a la Administración actuar con rapidez ante situaciones de emergencia, como acontecimientos catastróficos o para evitar graves peligros. En estos casos, el órgano de contratación puede contratar directamente sin seguir los procedimientos ordinarios.

"Influencia" de Koldo

De todas las empresas especializadas en trabajos ferroviarios, Pardo de Vera eligió precisamente a OPR, una empresa que la UCO vincula a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento.

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De acuerdo a los investigadores, hay "una relación de indicios" de los que se deduce que Koldo ejerció "influencia" sobre los titulares de Adif y la Dirección General de Carreteras, Pardo de Vera y Javier Herrero, respectivamente, para conseguir adjudicaciones "irregulares" de obra pública para esta empresa, entre otras.

La UCO apunta a tres contratos (Asturias, Jaén y Galicia) en los que se podría haber beneficiado desde el ministerio de Ábalos a esta constructora, cuyas oficinas en Toledo los agentes registraron a mediados de junio y en la que se incautaron varios dispositivos electrónicos.

Su apoderado, Antonio ("Toño") Fernández Menéndez y su administrador, su hermano Daniel, figuran como investigados en la causa impulsada por el fiscal Alejandro Luzón y deberán declarar el 4 de julio ante el juez investiga la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Dispositivos con información

En el registro a la casa de Toño Fernández Menéndez, que fue asesor de la Delegación Gobierno en Andalucía, además de apoderado de OPR, los agentes encontraron dispositivos que contenían el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructuras, además de un texto manuscrito sobre obras en la provincia de Granada y diferentes adjudicaciones ya antiguas del Ministerio de Fomento.

En otro de los registros, en el domicilio de Daniel, hermano de Toño, los agentes accedieron a archivos en papel sobre licitaciones, adquisiciones y facturación del periodo comprendido entre 2018 y 2024.

La adjudicación a dedo a OPR no fue la única que Pardo de Vera habría realizado a una empresa vinculada a la trama. Según la UCO, Adif otorgó un contrato de emergencias el 14 de octubre de 2020 a Levantina, Ingeniería y Construcciones (LIC) para arreglar deslizamientos en la Línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia después de que hubiera habido el desprendimiento de un talud.

Los investigadores destacan en su informe la petición de Koldo a Pardo de Vera para la adjudicación discrecional de la obra a LIC, de su amigo Javier Ruz, que finalmente resultó adjudicataria de un contrato de 592.053 euros.

Precisamente, esta misma semana el juez instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha suspendido sin fecha la declaración como investigada de la expresidenta de Adif, que estaba prevista para el 1 de julio.

Así consta en una providencia del magistrado Ismael Moreno donde se acuerda por segunda vez el aplazamiento de la declaración de Pardo de Vera, que estaba prevista en un inicio para finales de mayo. Se da la circunstancia, además, de que la ex presidenta del organismo público acaba de cambiar de abogado, pasando a estar representada por Gonzalo Rodríguez-Mourullo, que sustituye a Rosa María Seoane, exjefa de la Abogacía del Estado.

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