La nueva atención a la violencia machista (de momento solo en Gijón) origina un choque jurídico y político: estas son las posturas

La controvertida "comarcalización" de los casos de violencia de género, que ha generado un intenso debate en ámbitos jurídicos asturianos, se hará por ahora solo en Gijón. Los planes para Oviedo y Avilés deberán esperar. A 31 de diciembre, tendrá que estar constituida la sección de Violencia Sobre la Mujer de Gijón, con dos magistradas –la segunda plaza se aprobó el pasado 4 de junio, mediante un Real Decreto que dotó de 50 jueces más a la jurisdicción de Violencia de Género–, y atenderán los casos tanto del concejo más poblado de la región como de los partidos judiciales de Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña.

Rebelión contra el traslado de todos los casos de violencia de género a Gijón: "Esta medida perjudica a las mujeres maltratadas"

Jueces y fiscales apoyan con fuerza la medida, al entender que las víctimas de los partidos pequeños tendrán una atención más especializada que la que recibían hasta ahora por parte de los magistrados adscritos a los Juzgados unipersonales. Aránzazu Fernández, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Asturias, declaró hace unos días en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que "se pretende garantizar la asistencia a las víctimas de esta violencia por un conjunto de operadores jurídicos especializados en la materia (jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, oficinas de asistencia a las víctimas, forenses, psicólogos, trabajadores sociales, letrados, agentes de la autoridad), que las acompañarán durante el proceso y que actúan en los Juzgados de Violencia".

Pero también hay voces abiertamente contrarias a la medida. El sindicato CC OO aduce que las víctimas tendrán que desplazarse ahora decenas de kilómetros –unos cien en el caso de Llanes, las Peñamelleras o Ribadedeva– para comparecer ante el juez con el fin de declarar o solicitar el amparo de una orden de protección. Además, la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé también ha manifestado su rechazo a este cambio. A sus críticas se ha sumado el Colegio de Abogados de Oviedo, que protagoniza desde hace días una gira por varios concejos para explicar su posición.

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, y la vicenconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, negaron la mayor en el último Pleno de la Junta, donde garantizaron que la atención a las víctimas se realizaría de manera telemática, tal como establece la ley, desde lugares tan alejados de Gijón como Llanes, Ribadedeva o Cangas de Onís. Esto obligará a la Administración a dotar a los juzgados de paz del Oriente, Siero y la Comarca de la Sidra de los medios adecuados para llevar a cabo videoconferencias. Hay presupuestados 400.000 euros para este cometido, según fuentes de la Consejería.

Aránzazu Fernández, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Asturias: "Las denuncias crecen porque hay más confianza en el sistema"

Para CC OO, "alejar la justicia de las personas necesitadas de su tutela es dificultar el camino a su consecución y, por tanto, nunca es una buena solución. Cuando esa persona es especialmente vulnerable por ser víctima de una violencia que constituye una lacra social es, además, revictimización y constituye un desincentivo para la denuncia". El sindicato está especialmente molesto por que se haya aprobado una plaza más de magistrado para Violencia de Género y no se haya incrementado proporcionalmente la plantilla de funcionarios. Y ello pese a que esta jurisdicción se va a hacer cargo, a partir de octubre, de todos los delitos sexuales, lo que va a incrementar de manera exponencial la carga de trabajo de estas secciones.

Para CC OO, la mejora de la atención judicial a las víctimas de violencia sobre la mujer pasa por compatibilizar la cercanía y la especialización de los órganos judiciales y su personal. Uno de los temores es que los funcionarios pierdan la especialización en Violencia de Género, y sean destinados a otras jurisdicciones. El sindicato considera que "tan especializado en materia de violencia sobre la mujer han de ser los jueces y juezas que resuelven, como las y los fiscales que informan o el personal que tramita. Decir que se mejora la atención de las víctimas porque se aumentan las plazas de jueces, juezas o fiscales especializados en la materia es mero postureo". CC OO exige a la Administración que en cada Tribunal de Instancia existan equipos de personal especializado en materia de violencia sobre la mujer.

El Colegio de Abogados de Oviedo y el alcalde de Siero, unidos contra el cambio

Lucía Rodríguez

"Tenemos una gran preocupación por los efectos de la comarcalización del servicio de violencia de género, con el traslado de todo a Gijón, y los inconvenientes que eso representa para la ciudadanía de concejos como Siero". Este fue el mensaje que trasladó el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, al alcalde de Siero, Ángel García, en una reunión mantenida ayer en la Pola. Una postura con la que el Regidor coincide.

Al encuentro asistieron también otros miembros del Colegio, entre los que se encontraban Luis Pérez; María Nélida Fernández (delegada en Siero), Pedro Paulino Sánchez, Ana Belén Rodríguez y María José García. Esta última explicó que "ahora mismo, cualquier mujer que presente una denuncia en alguna comisaría, no solo de Siero, sino del partido judicial (que engloba los concejos también de Bimenes, Noreña y Sariego) va a tener que realizar toda la tramitación en la nueva sección que se abrirá de violencia de género en Gijón. Por tanto, no solo la comparecencia en la que se acuerda la orden de protección, que habitualmente se solicita para este tipo de situaciones, sino toda la tramitación tanto penal como civil que pueda surgir de esa denuncia y de esa instrucción".

En este sentido, los responsables del Colegio insistieron en que "esto no es bueno, en primer lugar y sobre todo, para la víctima". Añadieron, además, que "ya nos cuesta mucho trabajo que la mujer, incluso viviendo en lugares cercanos al juzgado, denuncie como para que encima que tenga que trasladarse". "Hay muchas mujeres que viven situaciones muy delicadas, con poquísimos recursos económicos, y esa atención tiene que ser inmediata por parte del juez o jueza que vaya a tramitar esa orden de protección y todos esos procedimientos" añadieron. No creen, por tanto, que la atención telemática sea una solución. "Es una cuestión que requiere mucha empatía, entender cómo es el círculo de la violencia porque muchas mujeres al día siguiente no ratifican la denuncia, no quieren ir al juzgado, no quieren solicitar esa orden de protección que ha solicitado el día anterior. Moverlas de sitio es negativo para la mujer y para las familias", estiman los abogados.

Suscríbete para seguir leyendo