La Junta llama a 81 personas a declarar sobre el accidente minero de Cerredo: hay políticos, expertos y al menos uno de los heridos
La comisión especial parlamentaria inicia en julio el calendario de comparecencias, que el PP critica por "precipitado" al faltar documentación

Los integrantes de la comisión de investigación en la Junta sobre el accidente minero de Cerredo. / Mario Canteli / LNE

La comisión parlamentaria que investiga el grave accidente en la mina de Cerredo, ocurrido el pasado 31 de marzo y que se saldó con la muerte de cinco trabajadores, cerró ayer la lista definitiva de 81 comparecientes y fijó el inicio de las declaraciones para el próximo lunes 28 de julio. El PP criticó la premura al acusar al Ejecutivo y a la empresa pública Hunosa de falta de compromiso en la entrega de documentación clave.
Durante la sesión celebrada ayer en la Junta General del Principado de Asturias, presidida por Covadonga Tomé (Somos), los grupos parlamentarios ratificaron la convocatoria de los 81 comparecientes, entre los que destacan la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; los exconsejeros de Industria del Principado, Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández; el actual consejero Borja Sánchez; así como representantes de empresas mineras, sindicatos, expertos, técnicos y personal administrativo. La presidenta de la comisión defendió la prioridad de arrancar cuanto antes las sesiones, aunque reconoció que aún queda por recibir parte de la información solicitada a distintas administraciones antes del próximo 11 de julio. No obstante, el PP, a través de su portavoz en la comisión, Rafael Alonso, alzó la voz para advertir sobre las trabas a la actividad investigadora del parlamento: "No hemos recibido la relación del personal de la Brigada de Salvamento Minero que actuó en Cerredo por parte de Hunosa", declaró.
Alonso calificó de "absolutamente precipitado" fijar fechas para las comparecencias sin haber tenido acceso primero a toda la documentación necesaria, ya qu impide diseñar de forma adecuada las preguntas a los comparecientes: "Sin esa información, difícilmente podremos determinar qué vamos a preguntarles y en qué orden vamos a preguntarles". Además, acusó a los grupos de la izquierda de querer "dar un carpetazo" a las sesiones sin mínimo rigor, una crítica que también contó con el respaldo del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien dijo que sin la documentación completa "no tiene sentido" una agenda cerrada.
"Como estaba previsto"
Frente a estas quejas, Delia Campomanes, vicepresidenta de la comisión y portavoz de Convocatoria por Asturies (IU), defendió la estrategia de arrancar ya la actividad. "Hemos avanzado con normalidad y, si todo sigue como está previsto, mantendremos la previsión inicial de iniciar las comparecencias el 28 de julio", declaró René Suárez, diputado del PSOE.
El calendario acordado contempla comparecencias los días 28, 29, 30 y 31 de julio, con tres sesiones diarias —dos en horario matinal y una en horario vespertino—. El grueso de los testigos técnicos y víctimas se escuchará en septiembre y octubre, tras el parón parlamentario de agosto. La distribución de las sesiones ha sido pensada para garantizar "el máximo orden y seguimiento posible de los comparecientes", aunque aún se está a la espera de concretar el listado definitivo en las próximas semanas.
Un herido acepta declarar
También ayer trascendió que de los cuatro supervivientes, uno ha aceptado voluntariamente declarar, mientras que otro está "en duda" y dos han expresado su negativa, una decisión que la presidenta calificó de "comprensible". en función de las secuelas que arrastran tras el accidente. Asimismo, la localización de una quinta persona.
La fecha del 11 de julio se ha establecido como límite para que las administraciones (como el Gobierno del Principado o el Ayuntamiento de Degaña) faciliten a los grupos parlamentarios y a la mesa los permisos, inspecciones, actas y contratos vinculados a la explotación de la mina. Entre ellos, se incluyen expedientes relativos a permisos recientes, actas de inspección, informes sobre seguridad laboral y medidas medioambientales, así como la relación de actuaciones realizadas tras la explosión del pasado 31 de marzo.
La presidenta de la comisión, Covadonta Tomé, afirmó que "cualquier persona directa o indirectamente vinculada con el accidente será llamada a declarar si es necesario. Y si no pueden hacerlo en julio, lo harán en septiembre o octubre".
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