El Principado se enfrenta al Ministerio por su "fundamentalismo sin rigor" en la evaluación del lobo y rechaza las "pseudo amenazas"

El Gobierno asturiano rechaza de forma categórica la evaluación emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica que califica como “desfavorable” el estado de conservación del lobo ibérico en España. En una comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ha denunciado que el documento, divulgado a los medios por el propio ministerio, no ha sido tratado ni validado en la última Comisión Sectorial de Medio Ambiente, celebrada el pasado viernes. Líndez ha sido especialmente combativo con el "fundamentalismo sin rigor" del Ministerio, frente a la "posición científica del gobierno asturiano"

El consejero ha criticado la “evaluación agregada y simplista” del informe ministerial, que según Asturias no tiene en cuenta la realidad biogeográfica del norte peninsular. "El 94% de las manadas se concentran en Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias. No discrepamos en los datos, pero sí en su interpretación", ha explicado Marcos, recordando que el propio informe reconoce un aumento del 12,1% en las manadas a nivel estatal y un crecimiento del 21,6% solo en Asturias.

Marcos ha anunciado que el próximo 11 de julio se celebrará una nueva comisión para abordar este asunto y ha advertido que Asturias votará en contra de la remisión del informe a la Comisión Europea. “Así lo exige la disposición adicional octava de la Ley 1/2025 del desperdicio alimentario, que establece que ese informe debe ser aprobado previamente por la Conferencia Sectorial”, ha afirmado. Para el consejero, la forma en la que el Ministerio ha actuado “no respeta los procedimientos ni el consenso necesario”.

El titular de Medio Rural ha reafirmado el compromiso del Principado con una gestión técnica, equilibrada y responsable del lobo, enmarcada en el plan de gestión regional aprobado en 2015. “Asturias no se vende. Vamos a seguir controlando la población lobera y compensando a los ganaderos afectados por los ataques, como hemos hecho desde 2022 con más de 3,5 millones de euros abonados”, ha dicho. Ha recordado que el Ministerio solo ha aportado 2,8 millones en ese mismo periodo. Marcos ha insistido en que, pese a lo que califica de “pseudo amenazas” desde el Ministerio, que ha insinuado una posible retirada de esa financiación estatal a las comunidades que incumplan los criterios de protección, Asturias continuará compensando con celeridad a los ganaderos afectados.

Durante su intervención, el consejero Marcelino Marcos ha aclarado también la posición del Principado respecto a una carta conjunta firmada por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en la que se expresaba oposición al informe del Ministerio. Asturias, ha explicado, no figura entre los firmantes porque nunca fue invitada a sumarse al documento. “Ni siquiera conocíamos su existencia”, ha subrayado, desmontando así las acusaciones de desinterés o falta de implicación. El consejero ha remarcado que, de haber sido consultados, Asturias la habría firmado.

Respecto a las extracciones de lobos en Asturia (eufemismo para referirse a abatir ejemplares), Marcos ha confirmado que se han realizado (contra lo insinuado por el PP, que negaba que se hubiesen producido) y ha sido dentro del programa de actuaciones de control poblacional aprobado tras la inclusión del lobo en el LESPRE, y ha negado que estas actuaciones sean ilegales, como han denunciado colectivos conservacionistas. “No es cierto que no se puedan realizar controles entre abril y agosto. Se hacen con informes técnicos previos, conforme a los criterios legales”, ha aclarado.

Frente a las acusaciones de opacidad o falta de transparencia, el consejero ha defendido la eficacia de su gestión y ha lamentado la estrategia del Partido Popular, al que ha acusado de “especulación” y de centrarse en el ruido mediático. “Nosotros estamos en la eficacia, no en el barullo”, ha zanjado, rehusando aportar cifras concretas sobre el número y localización de extracciones por razones operativas.

El Gobierno asturiano ha insistido en que su postura no responde a un capricho político, sino al aval de informes científicos y técnicos que sostienen que la población lobera en Asturias está en un estado de conservación favorable. "La biodiversidad es cosa de todos, pero no puede ser a costa de unos pocos", ha concluido el consejero.

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