Las víctimas de violencia irán a Gijón, insisten los letrados en Piloña
El Gobierno dice que las mujeres declararán desde los juzgados de paz, pero están sin dotar
En el centro, el decano, con los alcaldes de Piloña y Cabranes. | COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO
Continúa la polémica por la comarcalización en Gijón de los casos de violencia contra las mujeres del Oriente de la región, la comarca de la Sidra y Siero. El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González Busto, acudió a la casa de cultura de Infiesto (Piloña) para reunirse con los alcaldes de Piloña, Iván Allende, y Cabranes, Gerardo Fabián Fernández, así como la concejala de Igualdad de Piloña, Irene Varela.
González Busto –que acudió con el secretario del colegio, Pedro Paulino Sánchez; la presidenta de la comisión de Igualdad, María José García Tamargo; la diputada tercera Beatriz Fernández Pello Montes; y delegada del Colegio de Abogados en Piloña, Araceli Cueria– explicó que la comarcalización supone que, una vez que se produzca la oportuna denuncia ante la Guardia Civil más cercana, tanto el denunciante como el denunciado deberán realizar -junto con sus asistencias letradas- todas las actuaciones, tanto penales como civiles, en la Sección Territorial de Violencia sobre la Mujer de Gijón.
Esta modificación, añadieron los letrados, "supondrá incurrir en mayores desplazamientos y mayores costes para todas las partes implicadas, en las diferentes fases de cada procedimiento, afectando además negativamente al criterio de inmediación de las víctimas de género".
Los representantes del colegio manifestaron a los alcaldes de Piloña y Cabranes que "el incremento de costes afectaría negativamente no sólo a los vecinos afectados por estos procedimientos penales y civiles, sino a los propios municipios, ya que dejarían de realizarse en ellos".
El decano anunció en la reunión que en próximas fechas tiene previsto reunirse con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, así como con representantes políticos en la Junta para exponerles la posición en este tema del Colegio.
El Principado, por su parte niega que las víctimas vayan a desplazarse a Gijón para declarar, y que lo harán a través de los sistemas de videoconferencia instalados en los juzgados de paz. Para esos sistemas, y el refuerzo del personal, hay reservados 900.000 euros. La Asociación de jueces de paz de Asturias indica por parte que buena parte de los juzgados de paz siguen sin contar con los nuevos equipos.
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