El PP tilda de “indignante y chapuza legal” el decreto que desarrolla la ley de Impulso Demográfico

El PP ha catalogado de “chapuza legal” y “despropósito” el decreto de zonificación que desarrolla la ley autonómica de Impulso Demográfico. Esta normativa distribuye los concejos asturianos en cuatro categorías con arreglo a sus dinámicas, su inestabilidad, su crisis demográfica y el riesgo de despoblamiento.

La portavoz popular de Reto Demográfico en la Junta, Cristina Vega, analizó un dictamen publicado por el Consejo Consultivo y lo calificó de “tirón de orejas al Gobierno de Barbón” que pone de manifiesto que “el decreto nace mal, tarde, sin diálogo y con problemas jurídicos y técnicos”.

La diputada del PP insistió en los “incumplimientos”. En primer lugar, Vega incidió en que el decreto de zonificación se aprobó “con ocho meses de retraso, pues debería haberse aprobado en noviembre de 2024”. La diputada acusó al Ejecutivo regional de “no cumplir sus propias leyes”, ya que “no respetaron los seis meses de plazo” otorgado por la disposición de la Ley de Impulso Demográfico.

Vega insistió en una carencia subrayada por el Consejo Consultivo: la elaboración de un informe de impacto demográfico que debería haber acompañado al decreto en noviembre de 2024. El órgano consultivo atribuye esta deficiencia a que el Gobierno asturiano “no ha definido la metodología ni las directrices necesarias”, indicó la portavoz popular.

Según Cristina Vega, los informes del Gobierno regional “no analizan adecuadamente su impacto jurídico”, lo que puede inducir “confusión entre las categorías demográficas y las clasificaciones fiscales vigentes”.

Desde el PP se preguntan “¿dónde está la planificación de este Gobierno a largo plazo?”, haciendo referencia a los cambios de criterio para el reto demográfico en los últimos años.

La diputada recordó, asimismo, que en la Ley de Presupuestos de 2025 las bases establecidas “son las acordadas en 2022, de dos categorías, y que en esta nueva ley las categorías han aumentado a cuatro”. Según los populares, “esta situación genera inestabilidad y confusión respecto a como se aplicará la ley sobre el terreno fiscal”.

Cristina Vega acusó al Gobierno de “no tener en cuenta las alegaciones del Partido Popular ni de los ayuntamientos”, y subrayó que “es una pena cómo el Gobierno trata lo que ellos mismos llaman asuntos de Estado”.