Varapalo judicial para el Principado: el TSJA tumba las resoluciones que permitían contratar docentes sin la titulación exigida

Varapalo judicial para el Principado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado cuatro resoluciones que permitían contratar docentes sin la titulación universitaria exigida al considerar que van en contra “del principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”.

Según informa el sindicato ANPE, promotor de la demanda, en agosto del año pasado la Mesa Sectorial sacó adelante varias resoluciones a fin de permitir la inclusión “a calzador” en los listados de interinos de varios profesores que carecían de la titulación universitaria exigida para ello.

La demanda fue presentada por el despacho ovetense García Alonso y Valdeón Abogados, en su condición de servicios jurídicos de ANPE, con la intervención de Lucía García Alonso y Alba Martínez Rubio, a instancia de varios docentes afectados, que “se han visto injustamente relegados en las listas de interinos y en la elección de plazas como consecuencia de la inclusión de docentes sin la titulación universitaria exigida”.

Ahora, el TSJA ha estimado la demanda por “vulneración del principio constitucional de igualdad (art. 14 CE) en relación con el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública (art. 23.2 CE)”. Las resoluciones anuladas con un acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2024, de modificación del Acuerdo de Interinidad de 2014; resolución de 6 de agosto, por la que se aprueba el procedimiento excepcional; del 16 de agosto, que aprueba el listado definitivo de admitidos y excluidos en el procedimiento excepcional; y una del 19 de agosto, de convocatoria de necesidades y adjudicación de plazas.

Indemnizaciones por daños y perjuicios

Como consecuencia, los afectados podrán reclamar indemnización por daños y perjuicios, al haber tenido que optar a plazas peores o, directamente, quedarse sin contrato. La sentencia puede ser recurrida en casación al Tribunal Supremo, aunque en principio impide de facto la contratación de este profesorado sin titulación universitaria.

ANPE considera que los hechos son “una quiebra grave del principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública” y reclama a la Consejería de Educación que no recurra la sentencia. Esta victoria judicial refuerza el compromiso de ANPE con una educación pública de calidad, donde la legalidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades son irrenunciables”, dicen.

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