Comienza una inspección sobre la legalidad de todas las minas de carbón

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) y el Gobierno del Principado de Asturias han iniciado una revisión de todas las explotaciones mineras de carbón para evaluar si cumplen con las exigencias administrativas para su actividad. Concretamente la inspección busca comprobar si dichas explotaciones no entran en contradicción con las exigencias de cierre establecidas por la Unión Europea en 2013 y que obligaban a la clausura de las unidades productivas no competitivas antes del 31 de diciembre de 2018.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA que dicha revisión se está llevando a cabo y enmarcaron ese proceso en "un trabajo conjunto que responde al reparto de competencias de ambas administraciones en la materia".

Según ha podido saber este periódico, el objetivo es garantizar que ninguna explotación minera de carbón está incumpliendo las exigencias comunitarias. Para ello se evalúa si pueden enmarcarse en la nueva normativa y orientación de la Unión Europea respecto a los minerales estratégicos (en cuyo listado se incluye el carbón coquizable o el grafito) o si se trata de explotaciones ajenas a las unidades productivas sujetas al plan de cierre comunitario.

Esta investigación se produce después del grave accidente minero en Cerredo en el que murieron cinco trabajadores cuando, presuntamente, extraían carbón sin permiso de una galería abandonada. No contaban con autorización para la extracción, pero la dirección general de Minas del Principado sí había concedido a la empresa concesionaria, Blue Solving, un Proyecto de Investigación Complementario que autorizaba (en otra galería) a extraer hasta 60.000 toneladas de "material carbonoso" para investigaciones industriales. Aunque esa autorización no estaba aún activa, su concesión despertó críticas y dudas sobre si era factible una extracción de carbón en una mina que había recibido ayudas para su cierre, un hecho denunciado ante el Principado por otras empresas mineras.

La norma comunitaria establece que no pueden utilizarse para extracción de carbón aquellas "unidades productivas" (lo que incluye instalaciones y maquinaria) por las que las empresas hayan cobrado ayudas.

También a raíz del accidente y con la reorganización de competencias llevada a cabo tras la dimisión de la anterior consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, el Principado ha comenzado a llevar a cabo las inspecciones mineras sin el preaviso que normalmente se efectuaba a los ingenieros de las explotaciones.

La indagación sobre la situación administrativa de las minas se enmarca ante el próximo inicio de actividad de la comisión especial de investigación en la Junta General sobre el accidente de Cerredo. Los integrantes de la comisión ya han comenzado a recibir parte de la gran cantidad de documentación solicitada al Principado, como permisos y autorizaciones administrativas relativas a la mina de Cerredo.

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