La batalla contra el peaje del Huerna se multiplica en el Congreso

La pugna política por los peajes del Huerna (AP-66) y de la AP-9, considerados ilegales por la Comisión Europea, se acumula en el Congreso de los Diputados. A la iniciativa presentada por los parlamentarios populares de Asturias y Galicia, que instan al Gobierno, mediante una proposición no de ley (PNL), a iniciar el rescate de los peajes, se suma otra PNL similar, en este caso presentada por Ione Belarra, secretaria general de Podemos y miembro del Grupo Mixto.

La gran incógnita es qué harán ante estas iniciativas los parlamentarios del PSOE que representan a Asturias y Galicia en el Congreso, teniendo en cuenta que sus partidos en ambos territorios piden el fin de los peajes y están en desacuerdo con la posición del Gobierno central de mantenerlos.

La Federación Socialista Asturiana (FSA) ya ha criticado abiertamente la propuesta del PP. "Deberían pedir perdón antes que presentar ninguna iniciativa", afirmó Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA y diputado autonómico, en referencia a que fue un gobierno del PP, el de José María Aznar, con el asturiano Francisco Álvarez-Cascos como vicepresidente y luego ministro, el que prorrogó la concesión a Aucalsa.

La iniciativa del PP

En su iniciativa en el Congreso, los diputados del PP no hacen referencia a la ampliación ni a sus detalles, limitándose a señalar que la Comisión considera que las prórrogas "tendrían que haberse sometido a un procedimiento de licitación competitivo, de acuerdo con los principios de igualdad de trato y transparencia a los que obligan las directivas en esta materia".

El escrito presentado destaca que la decisión del Gobierno de mantener los peajes ha causado "una enorme decepción a la sociedad asturiana y gallega" y solicita al Ejecutivo que "inicie de inmediato la tramitación del rescate de la concesión y la liberalización de los peajes". Desde la FSA se critica que no haya ninguna referencia a la prórroga ni a los motivos que llevaron al Gobierno de Aznar a ampliar un peaje hasta 2050 (según la Comisión, para vender por más dinero a la concesionaria, que en el año 2003 pasó a manos privadas).

La iniciativa de Podemos

La PNL presentada por Ione Belarra, en cambio, sí hace referencia a que la ampliación se realizó por decisión del PP. "En el año 2000, el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, firmó una prórroga de la concesión del llamado peaje de El Huerna —hoy situado a la altura de La Magdalena, en La Robla— hasta 2050".

El escrito insta al Gobierno a tres cuestiones: "Reconocer la ilegalidad de la prórroga concesional de la autopista AP-66, también conocida como Autopista del Huerna, conforme a la sentencia de la Comisión Europea; presentar ante la Comisión Europea las medidas necesarias para la resolución de esta situación en el plazo estipulado —dos meses—, evitando una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y rescindir o rescatar la concesión, eliminando el peaje en la AP-66 con efectos inmediatos a partir del 1 de enero de 2026, haya o no Presupuestos Generales del Estado".

Los diputados del PSOE también tendrán que posicionarse en esta PNL que, a diferencia de la anterior, no viene presentada por el PP y sí menciona directamente a Francisco Álvarez-Cascos y la prórroga que ahora está en entredicho. Recientemente otro asunto espinoso en Asturias, como la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), que pedían los ganaderos, se votó en el Congreso. Los parlamentarios asturianos del PSOE votaron en contra, pese a que la posición del Gobierno asturiano era a favor. Finalmente, el lobo salió del Lespre gracias a una enmienda del PP que apoyaron Vox, PNV y Junts.

El Gobierno, en 2018

El Gobierno central, en octubre de 2018, con Sánchez ya en el poder, justificó la existencia del peaje en una respuesta en el Congreso dirigida a Isidro Martínez Oblanca, parlamentario de Foro. "Debe recalcarse que el rescate de una autopista o la eliminación de un peaje por decisión administrativa conlleva los costes de tener que compensar a la sociedad concesionaria por el restablecimiento de su equilibrio económico-financiero, que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones, ya que en caso contrario se desvirtuaría la propia naturaleza contractual de la concesión al revocar el derecho esencial de una de las partes, esto es, el derecho del concesionario a percibir la prestación económica pactada", aseguró entonces el Ejecutivo, en una posición similar a la defendida hoy por el Ministerio de Transportes, aunque en aquel momento la Comisión todavía no se había manifestado.

"Las autopistas de peaje están reguladas por una normativa específica que forma parte de los contratos de concesión suscritos por las respectivas sociedades concesionarias y la Administración concedente. Dicha normativa establece unos derechos y obligaciones tanto para la Administración como para el concesionario. Entre los derechos de este último se incluye la percepción del peaje con arreglo a las tarifas aprobadas, con objeto de resarcirse de los costes de construcción y explotación de la infraestructura que contractualmente ha asumido. La supresión unilateral de dicho derecho no sólo rompería el equilibrio económico-financiero de la concesión que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones si el desequilibrio se produce por decisión de la misma, sino que desvirtuaría la propia naturaleza contractual de la concesión al revocar el derecho esencial de una de las partes, esto es, el derecho del concesionario a percibir la prestación económica pactada", aseguró el Gobierno.

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