El peaje del Huerna motiva la máxima tensión entre el Gobierno de Sánchez y el de Barbón: las claves de una batalla en la que Asturias quiere hacerse fuerte

Las relaciones entre el Principado y el Gobierno central, administraciones lideradas por el mismo partido político (PSOE), pasan por su peor momento desde que Adrián Barbón y Pedro Sánchez, presidentes de sendos ejecutivos, coinciden en el poder.

El motivo de las desavenencias, concentradas de momento en el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, tiene que ver con el peaje del Huerna, que la Comisión Europea considera ilegal, motivo por el cual el Gobierno de Barbón reclama su supresión al Ejecutivo central, que de momento la rechaza por razones económicas. Se ha formado, además, un frente común aglutinador en Asturias sobre este asunto, del que el Principado no ha querido quedarse al margen. La batalla está servida.

Transportes volvió a justificar la prórroga del peaje el pasado 17 de septiembre y, poco a poco, el Principado empezó a elevar el tono hasta pedir abiertamente su cancelación, mostrando así un evidente desacuerdo con el Ministerio. El Ejecutivo regional ha optado por una estrategia clara: no levantar el pie del acelerador y pedir por todas las vías el rescate, algo que no entienden en Transportes.

“Lo importante es que los asturianos y las asturianas no paguen más ese peaje. Es una posición histórica, tanto de la Federación Socialista Asturiana como del Gobierno del Principado de Asturias. Siempre nos pareció un peaje injusto y ahora, además, la Comisión ratifica que es un peaje ilegal. Por tanto, lo que pedimos es la supresión del peaje, que no le cueste un céntimo a los asturianos y asturianas”, aseguró ayer en Oviedo Guillermo Peláez, portavoz del Principado y consejero de Hacienda, que también lanzó un mensaje al PP. “Le emplazamos a que sea valiente y que diga que la decisión que tomó el Gobierno de Aznar fue ilegal, el PP no puede ponerse de perfil. No entendemos como el PP de Asturias se siente rehén de dos políticos (Aznar y Álvarez-Cascos) que ni siquiera están en activo”, dijo.

Peláez destacó además el trabajo “fenomenal” de Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y, desde su cargo, principal interlocutor con el Ministerio. Las palabras del portavoz tienen especial valor, ya que suponen una defensa clara después de las críticas vertidas desde el Ministerio de Transportes, cuando acusaron al propio Calvo de “favorecer” el discurso del PP.

Desde el Ministerio optan ahora por la cautela, sin entrar en ningún tipo de debate con el Principado, después de haber censurado a las claras la postura del consejero, tildando de “opinión” sus palabras sobre el Huerna, avaladas por la Comisión Europea. En cualquier caso, el enfado es mayúsculo en Madrid por la postura manifestada por el Principado.

En Transportes consideran que un hipotético rescate del Huerna, al que habría que sumar el de la AP-9 gallega, es “inasumible” y, de momento, desde el equipo de Puente no valoran otras fórmulas para evitar el pago del usuario, como sería la bonificación solicitada por el Principado.

En el Ministerio ven lógico que el Gobierno asturiano pida la anulación, pero observan con malos ojos que el Principado haga bandera política con el peaje y lo convierta en un asunto central, yendo de la mano con Galicia y Castilla y León, donde gobierna el PP.

En el Ejecutivo de Barbón, en cambio, no entienden que en Transportes pueda sorprender esa postura, al no ser nueva. Además, miembros del Principado vieron “injusta” la acusación de Transportes al consejero Calvo.

El profundo desencuentro, en cualquier caso, no tiene visos de arreglarse y está creando una gran incomodidad en sectores del socialismo en Madrid y en Asturias. El conflicto nace entre Gobiernos, pero también se extiende al partido, siendo además Óscar Puente un peso pesado en el Ejecutivo de Sánchez y también en el PSOE.

Cuando la Comision Europea también tiró de las orejas al PSOE

La Comisión Europea considera ilegal la prórroga del Huerna y, a grandes rasgos, se apoya en dos argumentos: que no hubo concurso público para ampliar la concesión (se hizo en el año 2000, cuando todavía estaba en vigor hasta 2021) y que, además, la misma se realizó para sacar más dinero posteriormente de la venta de Aucalsa, que pasó a manos privadas en 2003.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea apunta de este modo a un Gobierno del PP, el de José María Aznar y el asturiano Francisco Álvarez-Cascos, por aquella operación. Pero Europa también ha ido desmontando todas las justificaciones que el Ejecutivo socialista de Sánchez ha ido dando en los últimos años. “Tiene incoherencias”, aseguró la Comisión en 2024, una postura que mantiene ahora, en referencia a que el Gobierno utilizó el concepto jurídico “in house”, mediante el cual un estamento público puede no aplicar las normas de contratación pública. “La Comisión Europea considera que existen incoherencias en los argumentos”, aseguró Bruselas en su dictamen motivado, algo que sigue manteniendo.

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